La OCU ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha explicado que la organización representa a los más de 9.500 pequeños accionistas que han acudido a la organización de consumidores tras conocer que la totalidad de su inversión se ha convertido en cero; también ha indicado que se trata de la primera acción tras el colapso del Popular, y que no descartan otras vías.

En total, el Popular contaba con 305.000 pequeños accionistas en le momento de su intervención, en la madrugada del miércoles de la semana pasada.

Izverniceanu ha explicado que resulta evidente que las cuentas de la entidad no eran las correctas cuando se opto por efectuar una ampliación de capital, el pasado verano, y que el folleto de dicha ampliación, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

DESAMPARO DE LOS INVERSORES

La portavoz de la OCU ha lamentado el desamparo de los inversores del Popular, ya que, al contrario de lo que ha ocurrido este lunes con las acciones de Liberbank, la CNMV no prohibió la toma de posiciones cortas sobre la entidad, con lo que los títulos del banco sufrieron en bolsa. El abogado Eliseo Martínez, uno de los firmantes de la querella, ha explicado que la situación en la que han quedado los accionistas del Popular hacía imprescindible la presentación de esta querella por estos dos delitos, falsedad contable y estafa al inversor.

Deben iniciarse así, ha dicho, las diligencias necesarias para que se instruya una causa que no será la única; lo que no es objeto de la querella, ha indicado, es la pensión de hasta 24 millones de euros -a razón de 1,1 millón al año- que recibirá el expresidente Ron tras su cese, siempre que la entidad no le responsabilice de generar con sus actuaciones un quebranto económico para el grupo.

Entre los que han acudido este lunes a la Audiencia Nacional se encontraba Felipe Izquierdo, en su doble condición de abogado y "estafado", ya que ha perdido 20.000 euros con la amortización a cero de las acciones del Popular. Durante el mandato de Ángel Ron al frente del banco, ha recordado, los accionistas han perdido un 97% de su inversión; Izquierdo ha criticado la actuación de los supervisores, la CNMV, "que jamás llega a tiempo" y del Banco de España, al que "ya le ocurrió algo parecido con Bankia".Ilena Izverniceanu, portavoz de la OCU, junto a Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez, abogados.