La oenegé Oxfam Intermón ha entregado este lunes más de 180.000 firmas en el Congreso para pedir una ley contra la evasión y elusión fiscal con la que acabar con los paraísos fiscales, en los que se calcula que los estados pierden 190.000 millones de dólares anuales de tributación. En declaraciones a EFE, el responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba, ha denunciado estas prácticas que afectan "gravemente" a los principales mecanismos de reducción de la desigualdad y ha indicado que las políticas actuales son "insuficientes".
Oxfam Intermón, respaldada por los 183.235 firmantes, ha pedido alCongreso que la normativa española incluya una "definición exigente" de qué es un paraíso fiscal, reconozca los territorios que lo son y se planteen medidas sancionadoras. Estas castigarían tanto a los países considerados como paraísos fiscales, como a las empresas e individuos que hacen uso de ellos y a los mediadores que facilitan que terceros se aprovechen de ese tipo de "artimañas", ha indicado Alba.
El representante de la oenegé también ha abogado por defender el papel de los informadores, para que no estén amenazados ni puedan sufrir represalias. "Legalmente se debe garantizar que tengan una protección y puedan desvelar este tipo de escándalos, que me parecen totalmente fundamentales para poder conocer a los que hacen esas prácticas", ha aseverado Alba.
Antes de la entrega de firmas, la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forma parte Oxfam Intermón junto con otras 17 asociaciones, ha organizado unas jornadas en el Congreso para tratar la evasión fiscal en el Día de acción global contra los paraísos fiscales, que conmemora que se cumple un año desde la publicación de los Papeles de Panamá.
Al acto han acudido los representantes de la Comisión de Hacienda de los cuatro grandes partidos: Juan Bravo (PP), Julián López-Milla (PSOE), Alberto Garzón (Unidos Podemos) y Francisco de la Torre (Ciudadanos), que se han fotografiado con miembros de la oenegé y su pancarta de firmas ante las puertas del Congreso.
En relación al asunto, el Partido Popular reconoció este lunes que no ve posible que la nueva ley de contratos del sector público, derivada de la trasposición de directivas europeas, incluya cláusulas para penalizar a empresas vinculadas con la evasión fiscal y con paraísos fiscales, como viene reclamando la oposición. Los 'populares' creen que al no existir acuerdo europeo en este punto no es posible introducir las conocidas como cláusulas sociales, incluidas en varias enmiendas de muchos de estos grupos al proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso. "La directiva europea no lo recoge, no podemos incluirlo. Necesitaríamos un acuerdo de la Unión Europea", ha dicho Juan Bravo Baena, diputado 'popular' en la mesa organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal sobre los paraísos fiscales este lunes en el Congreso.
