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REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

El Pacto volverá a Toledo

La comisión que estudia los cambios en el sistema de pensiones confía en tener un dictamen en mayo

 

Reunion de la mesa sobre el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. - DAVID CASTRO

MERCEDES JANSA
11/02/2017

Llegar a un acuerdo sobre qué propuestas presentar al Gobierno para revisar el sistema público de pensiones va a ser una de las tareas más importantes que emprendan los portavoces  de los grupos parlamentarios de la comisión del Pacto de Toledo desde 1995.


Ese año, el 6 de abril, el pleno del Congreso aprobó las primeras 15 recomendaciones al Gobierno, entonces del PSOE, para "garantizar la viabilidad del sistema público y evitar mayores déficits". Entonces sonaron las alarmas porque desde hacía dos años el presupuesto de la Seguridad Social “registra crecientes déficits”, como señalaba el preámbulo de los acuerdos. Quedaron en revisar las recomendaciones cada cinco años. Y en eso están los que podrían ser los hijos de aquellos ponentes, entre los que estaban políticos de amplia experiencia como el socialista Joaquín Almunia o el popularCristóbal Montoro, además de la actual presidenta de la comisiónCelia Villalobos.

La ponencia se puso en marcha en febrero de 1994 con la aprobación de una proposición no de ley de CiU y tardaron un año en llegar al pacto con un método de trabajo que ahora se intenta repetir. Primero, las comparecencias de los expertos, que abre el ministro del turno. A diferencia de ahora, eran a puerta cerrada. Después, el estudio de informes técnicos tras los que cada grupo elaboraba sus propuestas. Con todo este material se reunieron en el Parador de Toledo (de ahí el nombre) durante varios días y alumbraron un texto de consenso. 

La correlación de fuerzas entre los partidos ayudó al acuerdo: el Gobierno necesitaba un balón de oxígeno y la oposición, una palanca. En las elecciones de dos años antes el PSOE aventajó al PP en apenas cuatro puntos y un millón de votos. 

En el preámbulo de aquella propuesta se hablaba de que la Seguridad Social es el "eje central de las políticas de bienestar social dirigidas a mantener y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y que contribuyen de forma esencial a evitar la aparición de situaciones de necesidad y marginación". Y entonces no había una crisis como la actual ni el nivel de pobreza que han dejado los recortes.

A día de hoy Celia Villalobos intenta pone orden en una comisión que en ocasiones se ha convertido en el cuadrilátero en el que PSOE y PP se reprochan las nefastas consecuencias de sus respectivas reformas de pensiones, del 2011 y del 2013. Pero la peor parte se la lleva esta última que es la que se aprobó sin consenso por primera vez en 22 años.

PLAN DE TRABAJO
"Intentaré amalgamar", explica Villalobos. Según el plan de trabajo hasta mediados de marzo continuarán las comparecencias de los expertos; después los portavoces estudiaran qué recomendaciones se han cumplido y cuáles no; se echará mano de los funcionarios de la Seguridad Social para saber el coste de alguna propuestas; se seguirá la evolución de las reuniones entre el Ministerio de Empleo y los agentes sociales y se volverán a reunir en el Parador de Toledo para tratar de redactar un documento suscrito por todos los grupos parlamentarios. La previsión es que el dictamen de la comisión se pueda presentar a finales de mayo para que sea votado en el pleno de la Cámara Baja a mediados de junio. 

Esta es la línea roja tras la que se va a parapetar la oposición en el Congreso y los sindicatos en la calle. A día de hoy solo el PP (Ciudadanos no se ha pronunciado) respalda su reforma. Pero ya no tiene mayoría absoluta y se hará necesaria la transacción

A día de hoy, el consenso se ve lejos. El principal escollo es la reforma vigente del PP que sigue contando con el rechazo pleno de todos los partidos y sindicatos y buen número de expertos. Y de la reforma la peor parte se la llevan el factor de revalorización y el de sostenibilidad (este entrará en vigor en el 2019), dos complejas y especialmente farragosas fórmulas matemáticas que limitan la subida al 0,25% y recortan la cuantía de la pensión.