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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Pagos digitales con retraso

El Gobierno aprobará meses fuera de plazo una ley para proteger mejor en nuevos servicios financiero digitales. Las firmas de comercio electrónico se oponen a reforzar la autentificación para las compras por internet

 

Cajas de Amazon. - MIKE SEGAR (REUTERS)

PABLO ALLENDESALAZAR
23/12/2017

El próximo 13 de enero entrará en vigor una nueva directiva europea que aumentará la protección de los clientes bancarios en los pagos digitales y les dará acceso a nuevos servicios que se espera que crezcan exponencialmente en los próximos años. Pero en España habrá que esperar varios meses para que sea aplicable. El Gobierno elevó el pasado viernes un anteproyecto a consulta pública para que los afectados presenten alegaciones, pero su aprobación definitiva se demorará hasta mediados del 2018 como pronto y el sector tendrá otros tres meses de periodo de adaptación.

"Se está trabajando para aprobarlo con la mayor urgencia posible, acelerando los plazos todo lo que se puede. Esperamos que entre en vigor en el primer semestre, pero tiene que pasar por varias instancias como el Consejo de Estado y las Cortes", justificaron fuentes del departamento. El Ministerio se ha retrasado en la transposición de varias normas comunitarias y lo ha achacado a la falta de Gobierno en el año 2016. "Es una lista grande y los recursos son limitados", se excusaron las fuentes en noviembre durante la presentación de otra ley fuera de plazo.

La nueva directiva de pagos (PSD2) va a permitir a los bancos y otras entidades digitales registradas acceder en tiempo real a los datos bancarios de un particular o una empresa que lo autorice. Se regularán así servicios que ya existen pero estaban en un limbo legal, como ofrecer al cliente tener en una app del móvil todas sus cuentas reunidas o pagar directamente a un comercio a través de una aplicación sin que intervengan el banco o Visa y Mastercard. Son, con todo, ejemplos muy básicos ya que se espera que surjan todo a nueva gama de servicios digitales.

VENTAS E INCONVENIENTES

Paralelamente, se va a reforzar la protección de los consumidores. Así, cuando le roben la tarjeta o se hagan pagos sin su conocimiento, el cliente deberá asumir el coste de los primeros 50 euros, en lugar de los 150 euros hasta ahora vigentes. El plazo de resolución de las reclamaciones también se reduce de dos meses a 15 días. El Gobierno, además, ha decidido ampliar las obligaciones de transparencia y de protección de los usuarios a las microempresas de menos de 10 trabajadores, algo que la directiva permite pero a lo que no obliga.

Hasta la aprobación definitiva de la ley española, los usuarios no podrán beneficiarse de estas ventajas en la práctica. Como con toda directiva europea, se puede invocar su aplicación directa ante los tribunales en determinados aspectos, pero Economía aconseja ser "cauto" ya que habría que ver caso por caso si esa apelación es posible y porque es probable que los costes asociados a la reclamación excedan el beneficio económico que se pueda lograr de una sentencia positiva para el cliente.

HASTA EL 2019

Con todo, una de las principales novedades de la directiva no entrará en vigor hasta la segunda mitad del 2019, y eso si se cumplen las estimaciones actuales. Se trata de de las medidas que reforzarán la autentificación de la identidad del cliente mediante mecanismos más seguros, como el envío de códigos de verificación a través de mensajes sms al móvil o servicios biométricos como la huella dactilar.

Esta iniciativa, cuyos detalles están en discusión en el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, ha levantando las protestas de empresas de ventas por internet, ya que va a imposibilitar los servicios conocidos como 'compra en un click'. También están enfadadas porque, aunque los pagos por debajo de 30 euros no requerirán esta autentificación reforzada, cada cinco pagos de este tipo en un mismo comercio sí será preciso esa validación.

También hay discusiones entre los bancos tradicionales y las nuevas empresas financieras de internet ('fintech') sobre si se podrá acceder a los datos de los clientes simplemente a través de sus credenciales de acceso a las aplicaciones de banca digital o será obligatorio hacerlo a través de mecanismos de comunicación directa entre el banco y el proveedor de servicios ( los llamados API).