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ENERGÍA

La parte regulada de la factura de la luz, un cajón de sastre

Dentro del 60% que está en manos del Gobierno están desde los incentivos a las renovables hasta las subveciones al carbón

 

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante un pleno del Congreso de los Diputados. - AGUSTÍN CATALÁN

AGUSTÍ SALA
29/01/2017

Para evitar subidas política y socialmente incómodas en el recibo, el Ejecutivo de José María Aznar ingenió un mecanismo que reconocía a las eléctricas una deuda por no aprobarles unos ingresos suficientes para cubrir los costes de producción. Así nació el denominado déficit de tarifa, en el que se acumularon en torno a 30.000 millones de deuda por consumos pasados, sin que losgobiernos socialistas lo frenaran

En la actualidad, este concepto supone el 15% de la parte que regula el Gobierno, la cual es el 60% del recibo que se paga en el PVPC. Y son anualidades que se pagan a los bancos, que anticiparon a las eléctricas las cantidades que el Gobierno les reconoció, y que incluyen amortización de deuda e intereses por consumos pasados.

Fue obra del entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato; y del ministro de Industria, Josep Piqué. También en esa etapa se aprobó el pago de los denominados costes de transición a la competencia (CTC), fijados en un máximo de casi 12.000 millones de euros y anulados en el 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que las eléctricas percibieron a través del reconocimiento del déficit de tarifa. En teoría se pusieron en marcha para compensar al sector por las inversiones acometidas ante la introducción de competencia.     

Además de los impuestos (21% de IVA y 5% del gravamen a la electricidad) y la deuda, también disparan la factura más variables que dependen también del Gobierno como los incentivos a las energías verdes, los pagos a las eléctricas por tener disponibles centrales para suplir a las renovables (pagos por capacidad) y a grandes industrias (interrumpibilidad) por estar dispuestas a parar por necesidades del sistema, así como las subvenciones al carbón o las compensaciones a los sistemas insulares (Baleares y Canarias) y extrapeninsulares (Ceuta y Melilla).