Hasta el mes de diciembre, no limitado a determinados sectores y con flexibilidad para que los empresarios puedan desafectar y reafectar a los trabajadores en función de la evolución de la demanda. Este es el planteamiento que está defendiendo la CEOE en las mesas de diálogo social compartidas con el Gobierno y los sindicatos para prolongar los incentivos a los ERTE más allá del 30 de junio. Y su objetivo es poder cerrar un acuerdo antes del 15 de junio, tal como explicó ayer el presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, en una conferencia telemática organizada por el Consejo de Economistas.

Voluntad para extender el mecanismo de los ERTE y la fecha de diciembre es algo en lo que coinciden patronales y sindicatos. Así lo manifestó el pasado lunes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un acto en Barcelona. «No podemos estar cada mes negociando a ver qué pasa el mes que viene», afirmó ayer Garamendi. Estudios como el publicado ayer por investigadores de la Universidad de Valencia y de la Generalitat apuntan a que la extensión hasta final de año de las medidas de los ERTE y a los créditos ICO reduciría el 5% la caída del PIB este 2020.

PREMURA NO COMPARTIDA / La intención de la patronal es tener cerrado dicho acuerdo antes del 15 de junio. Una premura sobre la que no son tan optimistas otros actores presentes en la mesa de negociación, según fuentes consultadas presentes en las mismas. La voluntad de los empresarios de eliminar (o limitar en mayor medida) el compromiso para mantener el empleo si se acogen a las ayudas es una de las principales trabas. La introducción de esta cláusula de salvaguarda fue uno de los motivos que provocaron disenso en el seno de CEOE tras cerrar la primera renovación de los ERTE.

El coste para el erario público de dichos incentivos y cómo mutarán en esta segunda renovación del acuerdo las exoneraciones son aspectos que obstaculizan el pacto entre Gobierno y agentes sociales. Pues la renovación que pretende la CEOE pasa por una mayor dotación presupuestaria a cargo de las arcas públicas. Un mayor gasto público al que se ha mostrado proclive el presidente de la CEOE. «La Seguridad Social se va a ahorrar muchísimo dinero» con medidas para mantener ese empleo hasta ahora protegido, añadió.

Al margen de la renovación de los incentivos a los ERTE más allá del 30 de junio, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, propuso como referente el modelo alemán, conocido como Kurzarbeit (jornada reducida o a tiempo parcial en alemán). Este sistema consolidado en Alemania guarda similitudes con las condiciones excepcionalmente habilitadas por el Gobierno ante el covid-19. Reduce la jornada de los trabajadores y libera parte de los costes para el empleador, obliga a mantener el empleo y ocupa las horas dejadas de trabajar con cursos públicos de formación.

Según explican, el Kurzabeit emite una reducción de jornada de entre el 30% y el 100%, de un mínimo del 10% de la plantilla y durante un periodo de máximo un año. Durante el cual el Gobierno le paga al trabajador afectado dos tercios de la parte proporcional del salario que se le ha quedado reducido. La prestación no le descuenta derecho futuro a desempleo y obliga a la empresa a mantener el empleo mientras dure la reducción de la jornada.

LEGISLAR EL TELETRABAJO / Otra de las reformas laborales que se está planteando el Gobierno de Sánchez es regular el teletrabajo. El departamento dirigido por Yolanda Díaz pretende elaborar una norma que recoja de manera explícita las particularidades del trabajo a distancia, especialmente extendido entre los trabajadores españoles a raíz del confinamiento. Díaz plantea recoger en dicha norma la compensación de gastos a los trabajadores por los medios de producción que asuman en su domicilio. También sobre los tiempos de trabajo y de descanso. Según el texto de la consulta pública previa publicada en la web del Ministerio de Trabajo, el objetivo es equilibrar estas nuevas formas de prestación de trabajo con un marco de derechos que recoja principios como el carácter voluntario y reversible, la promoción y la formación o el ejercicio de los derechos colectivos.