No por previsibles fueron menos airadas las reacciones de los sindicatos ante la sentencia hecha pública el pasado martes por el Tribunal Constitucional (TC), que avalaba el despido de un trabajador si este acumulaba un cierto número de bajas de manera intermitente, por mucho que estas fueran justificadas. Y al otro lado, la actitud fue la opuesta, con unas patronales que vieron con normalidad cómo el alto tribunal ratificaba una de las modificaciones introducidas por la reforma laboral del PP del 2012.

La sorpresa (y el consecuente terremoto jurídico) hubiera sido un fallo de signo contrario, pues la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional hace años que lleva asentada en el Tribunal Supremo. Y es que si han llegado a pasar 7 años entre la modificación de ese artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita el despido en caso de trabajadores que causen baja, por más que justificada, durante el 20% de las jornadas hábiles en un periodo de dos meses, es por la dificultad jurídica de acabar llegando a dichas instancias.

De hecho, según fuentes jurídicas consultadas, el mismo juzgado 26 de lo social de Barcelona que finalmente consiguió elevar la causa sobre la que se pronunció esta semana el TC ya intentó, sin éxito, elevar una de circunstancias muy similares y esta fue tumbada por un detalle en la documentación presentada.

Y no es la primera vez que el Tribunal Constitucional se posiciona respecto ese artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, pues CCOO y UGT ya llevaron hasta dichas instancias la reforma laboral del PP al completo y vieron como en el 2015 el alto tribunal les tumbaba el caso. Ni por la vía judicial, ni (de momento) por la vía de la movilización han conseguido las centrales acabar con una de las primeras grandes medidas del Gobierno de Mariano Rajoy.

Siete primeros de mayo encadenan ya CCOO y UGT saliendo a la calle con la derogación de la reforma laboral del PP como bandera. Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa entrevieron una oportunidad para ello, aunque a pocos días de las segundas elecciones en un año el PSOE prefiere hablar de «un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI», que de derogar las últimas reformas del existente.

Tras la sentencia del TC, CCOO y UGT han vuelto a reivindicar la derogación de dicha reforma que «antepone la productividad empresarial a la salud de las personas trabajadoras», según manifestó CCOO ayer en un comunicado. «La sentencia del Constitucional hace urgente la derogación de la reforma laboral», clamó UGT también en una nota a la prensa.

El absentismo laboral, la causa principal juzgada por el TC, es un tema cíclico en los ambientes empresariales. Este baja en los periodos de contracción económica (y desaparece de las reivindicaciones patronales) y sube en los periodos de bonanza (y vuelve a ser una de las problemáticas manifestadas por los empresarios). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se refirió al fraude en torno al absentismo como una «enfermedad económica», en un acto ayer en Madrid. «Cuando las cosas van bien sube y cuando van mal baja, y sabemos que hay un porcentaje elevado de ese fraude por absentismo», añadió el presidente de la patronal, que calificó estas prácticas de «dumping» (competencia desleal) a empresas y trabajadores. «Estoy hablando de fraude en absentismo y no de absentismo», insistió Garamendi.

Sobre la sentencia, apuntó que el departamento de laboral de la CEOE «tiene que estudiarla» y que aún no tiene una opinión.

La secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, lamentó ayer la sentencia y explicó que aunque así se estableció en el Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral de 2012 resulta injusto «anteponer la relación laboral a la salud de los trabajadores».

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dijo ayer que la sentencia «pone por encima del derecho a la salud de los trabajadores el interés del beneficio empresarial» y eso, concluyó, «es muy peligroso».