E l Gobierno prevé subir el 0,9% las pensiones y los sueldos públicos en el 2021. Esta previsión figura en el último texto sobre la mesa del plan presupuestario del conjunto de las administraciones públicas que el Ejecutivo debe remitir hoy a Bruselas, según fuentes conocedoras del contenido del documento.

La subida del 0,9% obedece a la previsión de inflación del Gobierno para el año próximo y al compromiso del Gobierno de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. En el 2020 también se ha aplicado una subida de las pensiones del 0,9%, bajo la previsión de que esta iba a ser la inflación de este año, si bien todo apunta a que el IPC podría terminar el ejercicio con tasas negativas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer una tasa del -0,4% en septiembre y los analistas anticipan el -0,2% para final de año. De ser así, se podría decir que los pensionistas habrían ganado algo más de un punto de poder adquisitivo en el 2020.

El incremento del 0,9% de las pensiones ha guiado los cálculos del gasto presupuestario incluido en el documento que el Ejecutivo enviará hoy a Bruselas, sin perjuicio de que la posterior negociación política –en el marco del Pacto de Toledo– y con los agentes sociales acabe dando como resultado un incremento diferente y superior. Así se lo ha transmitido el Ejecutivo a los agentes sociales, para evitar tensiones por lo que pudiera ser interpretado como una decisión unilateral del Gobierno en una materia tan sensible.

Las grandes cifras del plan presupuestario, sin embargo, no incorporan aún el efecto recaudatorio de todas las nuevas medidas fiscales que negocian ambos socios del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos). Según fuentes conocedoras de las conversaciones, aún no existe un acuerdo pleno entre ambos socios sobre las medidas del acuerdo de coalición que conviene aplicar ya en el 2021 y cuáles deben dejarse para un momento posterior, de mayor recuperación económica.

Sobre la mesa está la posibilidad de cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones; una mayor tributación en el IRPF de las rentas más elevadas; la aplicación de un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades para multinacionales; o la eliminación de la exención en el IVA de los servicios privados de sanidad y educación.

La presentación de un plan presupuestario ( draft , en la terminología comunitaria) forma parte de la gobernanza de las cuentas públicas que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea. Todos los países deben presentarlo y someterlo al examen de la CE, que debe validarlas o sugerir cambios en noviembre.

El plan presupuestario no es lo mismo que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentará en el Congreso de los Diputados antes de que acabe octubre (con varias semanas de retraso respecto del tope legal, establecido en el 20 de septiembre). Sin embargo, el plan presupuestario sí debe incluir las grandes cifras de ingresos y gastos, así como el escenario macroeconómico.

El texto incorpora el histórico techo de gasto aprobado por el Gobierno el 6 de octubre, así como el escenario macroeconómico que describió la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con un recesión del 11,2% este año y un rebote para el 2021 con un crecimiento del 7,2%.

El techo de gasto del Estado del 2021 es el 53% superior al del 2020, hasta rozar los 200.000 millones de euros, tras incorporar la inyección de una primera anualidad de 27.436 millones de transferencias del Fondo Europeo de Reconstrucción. H