El cerco se estrecha sobre Opel. Apenas una semana después de que la justicia iniciase una investigación sobre el fraude cometido por Audi, la poderosa industria automovilística alemana vuelve a verse golpeada por la sospecha. Ayer, la policía registró las oficinas de Opel en las localidades de Rüsselsheim y Kaiserslautern tras estudiar si la empresa también manipuló sus coches.
Las pesquisas giran en torno a la posibilidad de que la filial de la empresa francesa Grupo PSA hubiese recurrido a la instalación de un software ilegal en sus vehículos para esquivar así los controles medioambientales y circular aún emitiendo unos niveles de contaminación superiores a lo permitido por la ley.
Aunque Opel se ha limitado a decir que coopera con las autoridades y que han cumplido con lo establecido en la legislación alemana, la investigación sospecha de la manipulación de hasta 95.000 vehículos de motor diésel, según el tabloide alemán Bild. Los modelos afectados por esa recurrente mala praxis en la industria automovilística alemana serían los coches Insignia, Cascada y Zafira fabricados en los años 2012, 2014 y 2017.
No es la primera vez que las investigaciones apuntan a Opel. Este pasado julio la compañía ya se vio obligada a dar explicaciones ante la Autoridad Federal del Motor y Transporte (BKA, por sus siglas en alemán) por la instalación de un sistema en tres de sus modelos que permitía reducir el nivel de purificación de los gases contaminantes.
Aunque la marca señaló que esos dispositivos servían para proteger el motor, círculos cercanos a la BKA han apuntado al diario Süddeutsche Zeitung que el sistema encontrado no podía explicarse con esas razones. El incesante escándalo por la manipulación de vehículos altamente contaminantes, conocido como Dieselgate y practicado por todas las respetadas empresas del motor del país, ha incidido en la concienciación medioambiental alemana.
