Centenares de miles de trabajadores afectados por un ERTE en España continúan a la espera de cobrar su prestación. El escudo social que ha ido desplegando el Gobierno por fases todavía no alcanza a los más de cuatro millones de personas suspendidas de empleo y sueldo a raíz de la crisis del coronavirus. Un escudo que patronales, sindicatos y Ejecutivo pactaron alargar oficialmente ayer, en el Palacio de la Moncloa, más allá del estado de alarma y hasta el próximo 30 de junio; manteniendo los ERTE como una especie de nevera donde conservar las empresas y el empleo durante los primeros compases de la pandemia. Con gran parte de la electricidad a la cuenta del erario público.
Las oficinas públicas de empleo llevan dos meses resolviendo expedientes y tramitando prestaciones a un ritmo sin precedentes y un total de 311.062 personas pendientes de cobro deberían ingresar en sus cuentas bancarias los pagos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) «en los próximos días»; según explican fuentes del Ministerio de Trabajo. Esas nuevas nóminas se sumarán a las 3,1 millones de prestaciones que ya está pagando el SEPE a los afectados por un ERTE en España. No obstante, patronales y sindicatos constatan que no todos los trabajadores en suspensión están cobrando su prestación.
refuerzo / A las demoras en los reconocimientos de las prestaciones, fruto de unas oficinas de empleo saturadas y unas comunidades autónomas que autorizan expedientes a unos ritmos asimétricos, se suman todos aquellos trabajadores perjudicados por errores por parte de las empresas a la hora de facilitar los datos a las oficinas de empleo. Una cifra que fuentes del Ministerio de Trabajo, desde donde devuelven las solicitudes erróneas o incompletas, no pueden cuantificar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los máximos representantes de los agentes sociales, rubricó ayer en Moncloa un nuevo pacto para reforzar el mecanismos de los ERTE.
La fotografía, con la distancia de seguridad de rigor entre la plana mayor del Gobierno y los dirigentes patronales y sindicales, causó fricciones en el seno de la CEOE. Así, aunque la organización valoró el acuerdo -y pidió al Gobierno abordar «a la mayor brevedad» su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá de esa fecha- la patronal catalana tildó de «insuficiente» la prórroga acordada.
No obstante, tanto CEOE como Cepyme reivindicaron el pacto tras la firma, fruto del diálogo social, y el hecho de que se abra «un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas más allá del próximo mes de junio».
«Las empresas españolas se han visto duramente golpeadas por la crisis del covid-19, que ha dejado a muchas de ellas en una situación desesperada», explicó la CEOE. En estos casos, «el proceso de recuperación será lento, más que la propia desescalada», por lo que instan al Gobierno y sindicatos a «buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad». El presidente de la patronal de las pymes (Cepyme), Gerardo Cuerva, también dio el visto bueno al acuerdo durante el proceso de desescalada como «un primer paso» y pidió al Ejecutivo «medidas ambiciosas» para proteger el tejido productivo.
Los sindicatos, igualmente, aplaudieron el acuerdo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, así lo hizo, aunque solicitó al Gobierno que ponga en marcha un plan de empleo que incentive el consumo nacional. «Y que si esto no acaba el 30 de junio, podamos hacer una nueva negociación que nos permita que aquellos sectores y trabajadores que están en un ERTE puedan continuar el tiempo necesario hasta que finalice la pandemia», añadió el líder ugetista.
El acuerdo firmado ayer también crea una comisión que pretende negociar nuevos incentivos para prolongar los ERTE, pero con un enfoque a sectores de la actividad y a territorios, según la afectación de la pandemia.
Fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron que esperan poder concretar en breve nuevos acuerdos y desde los sindicatos urgen a trabajar mecanismos pactados para evitar que parte de los actuales ERTE, que afectan a 4,2 millones de trabajadores, se conviertan en expedientes de despido colectivo.
«Ahora es el momento de ejercer una presión conjunta hacia Europa», señala el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino. Pues es con financiación de la UE con lo que las centrales esperan poder mantener el coste que para el erario público que supone el mecanismo.
