Empleados públicos de la Administración General del Estado se concentraron ayer en varios ciudades españolas, convocadas por CSIF, CCOO y UGT, para reclamar un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para lograrlo, proponen un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.

Las organizaciones convocantes denuncian que la Administración General del Estado «ha sido castigada de manera especial» durante los últimos años por el Gobierno «para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis».

Además, reivindican el desarrollo del segundo acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario. Los sindicatos también demandan el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la Administración del Estado..

Otra de las reivindicaciones de los sindicatos es el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva más de dos años «sin avances significativos», aseguran, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones. «Ahora, cuando la economía crece, no vamos a permitir que se excluya a los empleados públicos», aseguraron ayer fuentes sindicales.