Tras algo más de un mes de infructuosas conversaciones con el PSOE para intentar amarrar su apoyo parlamentario, el Gobierno de Mariano Rajoy está decidido a llevar al Congreso de los Diputados en las próximas semanas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, pese a no tener atado el apoyo socialista ni el del PNV. Pase lo que pase.

La idea es presentar el proyecto de ley en el Parlamento en marzo con el fin de que pudieran estar aprobados en junio si el PSOE finalmente cambiara de parecer y accediera, al menos, a abstenerse en la votación final algo que, hoy por hoy, se anuncia como imposible. En caso contrario, la convocatoria de unas nuevas elecciones generales se volvería a poner sobre la mesa, aunque no antes del 2 de mayo (un año después de la convocatoria del 2015).

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Los Presupuestos Generales del Estado "van a entrar en el Congreso en las próximas semanas para que puedan estar aprobados al comienzo del verano", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este sábado en Málaga. Montoro llevaba semanas diciendo que si no contaba con apoyos previos suficientes el Gobierno no llevaría el proyecto de presupuestos al Congreso y que se mantendría la prórroga del que estuvo en vigor en el 2016. Llegó a sugerir, incluso, que si en el 2017 se mantenían congelados los sueldos de los funcionarios sería responsabilidad del PSOE por no dar su apoyo a las cuentas.

Ahora se ha cambiado de parecer. Rajoy ha dado la orden de echar el balón a rodar. Si durante la tramitación parlamentaria se logra convencer al PSOE para que se abstenga en la votación final -en torno al mes de junio-, el Gobierno podrá evitar el estigma político de haber empezado la legislatura en precario, sin un Presupuesto.

Si, por el contrario, no se logran los apoyos necesarios, se agitará el fantasma de una inminente convocatoria de elecciones generales que volverá a pillar al PSOE con el pie cambiado, recién salido de un Congreso Federal (el 17 y 18 de junio) que se anuncia como uno de los más traumáticos de su historia. El Gobierno del PP es consciente de que lo que no consiga del PSOE antes del verano no lo logrará después. Quien lidere a los socialistas a partir de mediados de junio difícilmente querrá estrenarse dando su apoyo a los presupuestos de Rajoy para el 2018, cuyos primeros pasos habrá que empezar a dar ya en julio, con la aprobación del techo de gasto para el año próximo.

UNA CUESTIÓN POLÍTICA

Por su parte, la actual gestora del PSOE, presidida por Javier Fernández, se mantiene firme en su negativa a favorecer la aprobación del Presupuesto. Fuentes socialistas explican que el PSOE ya ha asumido su "cuota de responsabilidad" al haber favorecido la aprobación del techo de gasto para el 2017 así como el reparto de objetivos de déficit entre Estado y autonomías. Además el PSOE inspiró y apoyó el paquete de medidas para garantizar la reducción del déficit público exigida por Bruselas (desde el 4,6% del PIB del 2016 al 3,1% en el 2017) sin necesidad de nuevos recortes del gasto, sino a costa de una subida del impuesto de sociedades de los grupos empresariales, sobre todo. El PSOE, además, se apunta el logro de la subida del 8% en el salario mínimo interprofesional para el 2017.

Desde el punto de vista socialista, estas medidas han permitido a España esquivar la amenaza de una posible multa por parte de la Comisión Europea y han concedido al nuevo Gobierno de Rajoy la estabilidad económica suficiente para avanzar en el 2017. "Ya no podemos ir más allá", afirman. "En estas condiciones, el Ejecutivo puede seguir adelante con unas cuentas prorrogadas", insisten en el PSOE. "La aprobación de un nuevo Presupuesto para el 2017 es solo una cuestión política que interesa al PP y el PSOE no lo va a favorecer", argumentan

La prórroga presupuestaria garantiza el funcionamiento de la administración y algunas medidas pendientes -como la posible subida del 1% del sueldo de los funcionarios que estaba en los planes iniciales del Gobierno- podrían adoptarse por decreto ley siempre que no se rompiera del techo de gasto de 118.337 millones de euros para el 2017, según se admite en el propio Gobierno.

SUBIDA DE LAS PENSIONES

En el PSOE estiman que el techo de gasto aprobado incluye "una holgura" de algo más de 3.000 millones de euros que permitiría encajar posibles mejoras (como una posible subida de los sueldos públicos) sin amenazar el cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% del PIB previsto para este año.

El PSOE también parece vacunado ante una posible tentación para apoyar los presupuestos de Montoro en forma de una subida adicional de las pensiones, por encima del 0,25% ya incluido en la prórroga presupuestaria. "No vamos a apoyar nada que no sea volver a vincular la subida de las pensiones con la evolución de la inflación", afirman.