El mundo económico español insta a Rajoy a introducir cambios en su nuevo Gobierno. Pese a que el nuevo Ejecutivo ha sido considerado de continuidad y poco rupturista tiene por delante una complicada senda económica a corto plazo, en torno a dos meses en los que el presidente deberá buscar el equilibrio entre la disciplina impuesta por la Comisión Europea y encontrar los apoyos parlamentarios suficientes para los Presupuestos del Estado del 2017. El desbloqueo de los Presupuestos es solo el primer paso para una legislatura en la que muchos prevén una necesaria revisión del sistema de pensiones y del modelo de financiación autonómico.

La primera tarea será presentar a Bruselas un nuevo plan presupuestario que garantice que el déficit del 2017 se situará en el 3,1% del PIB fijado por la Comisión Europea y no en el 3,6% proyectado por España en octubre, bajo el anterior supuesto de una prórroga presupuestaria. Entre un porcentaje y otro, media la necesidad de un ajuste de 0,5 décimas del PIB, unos 5.500 millones de euros.

Para ello, la Comisión Europea ha reclamado por carta a España una respuesta "lo antes posible después de que se constituya el nuevo Gobierno". En Bruselas se espera esta respuesta con suficiente antelación al 16 de noviembre.

TECHO DE GASTO

Ligado a esta exigencia, entre sus primeras tareas el nuevo Consejo de Ministros deberá aprobar el techo de gasto del Estado (previo a la elaboración del proyecto de Presupuestos del 2017) y el reparto de objetivos de déficit del 2016 (4,6% del PIB) y del 2017 (3,1%) entre los distintos niveles de la Administración pública.

OBJETIVO DEL DÉFICIT

Uno de los objetivos es llegar a la reunión del Consejo Europeo de ministros de Finanzas (Ecofin) de este 8 de diciembre con los deberes hechos para convencer a la Unión Europea de que el compromiso de España con los nuevos objetivos de déficit desaconseja la imposición de una multa de hasta 5.500 millones y la suspensión de los fondos estructurales.

RETOQUE SALARIAL

A finales de noviembre, además, el nuevo Gobierno debe tener sobre la mesa una propuesta para equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos y temporales a las de los indefinidos que debe formular un grupo de seis expertos.