El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, no pudo oír extensas explicaciones del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar, porque solo estuvo 20 minutos ante él. Ante los medios, el exdirector del Fondo Monetario Internacional negó todas las acusaciones y aseguró que tanto expresidentes del Gobierno como el dimitido Màxim Huerta han declarado a través de sociedades sus ingresos profesionales y no se les ha perseguido penalmente.

El juez instructor, como ha hecho constantemente durante la instrucción, intentó archivar la pieza abierta tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que atribuía a Rato delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos, pero se vio obligado a volverle a citar, tras revocar el sobreseimiento la Audiencia Provincial de Madrid.

Según explicó el propio Rato a los medios, desde abril de 2015, cuando la imagen de su arresto para practicar registros dio la vuelta al mundo, está sometido a una investigación por una denuncia presentada por la Oficina Nacional de Investigación del Fradude (ONIF), con varios elementos: alzamiento de bienes y la supuesta defraudación de ocho millones de euros de transferencias en el extranjero. El imputado insistió en que se trata de su dinero, cuyo origen y trazabilidad ha podido demostrar.

«INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA» / «Después de 13 informes de la ONIF, ninguno concluyente, y gracias a dos periciales de la defensa, se ha demostrado que no hay ninguna defraudación en el extranjero. Sorprendentemente la fiscalía ha conseguido que se abra una pieza separada de blanqueo, cuando ya se ha demostrado en la pieza principal que no hay ninguna deuda fiscal en el extranjero. Me siento ante una investigación prospectiva, por mucho que este prohibida por la ley y el Tribunal Constitucional, por parte de la Fiscalía General», aseguró Rato

La tercera acusación en su contra se refiere a haber cobrado por empresas profesionales sus trabajos profesionales, incluidas sus retribuciones como consejero de Telefónica. «Ya he demostrado en una pericial que desde presidentes del gobierno, hasta recientemente el exministro de Cultura que ha dimitido e importantes presentadores de televisión han sido sancionados por la Hacienda pública, pero sin actuaciones penales. No entiendo por qué en mi caso se puede seguir con la acusación penal de algo que con el resto se considera sanciones administrativas», se quejó.

IMPORTES EXCESIVOS / El exvicepresidente también fue acusado de aprovecharse del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad». El juez no vio delito pero consideró que dichos contratos se realizaron «por importes excesivos» y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas con las entidades controladas por Rato. La Audiencia Provincial de Madrid también reabrió esta pieza.

El magistrado Serrano-Arnal interrogó a Rato el pasado 5 de abril en el marco de la pieza sobre facturación obtenida por las conferencias que impartió para Bureau Consulting Conferenciantes (BCC). Entonces, el exbanquero aseguró, según Efe, que «efectivamente» facturó a nombre de su sociedad Arada lo que ganó por impartir conferencias de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002.

En cuanto al blanqueo, Rato dirigió un escrito al magistrado, en el que acusó a la Fiscalía Anticorrupción de acoger las «disparatadas» conclusiones del Instituto Armado sin hacer «la más mínima labor de contraste» y con una «absoluta falta de rigor».