El pasado domingo el suplemento Más Domingo de este diario publicó un extenso reportaje de Ricardo Mir de Francia sobre una nueva y poco conocida epidemia en Estados Unidos, la adicción a los analgésicos con receta. Se le atribuye la muerte de 200.000 americanos desde 1999. El origen y expansión del fenómeno es conocido: la creación del concepto del dolor crónico y su asociación con la posibilidad de atacarlo mediante fármacos (opiáceos) con receta y los estudios oportunos de que su consumo controlado no genera adicciones. Una oportuna campaña avalada por médicos de prestigio y el apoyo financiero de los algunos laboratorios ha hecho el resto.

Puede argumentarse que allá ellos, porque el modelo sanitario de Estados Unidos se rige por principios de aseguramiento privado, fiándolo todo a la regulación social u obligatoriedad del aseguramiento, sustancialmente distinto al modelo de Sistema Nacional de Salud (SNS), que se basa en la provisión pública de la asistencia sanitaria, con independencia de si la prestación es pública o privada.

Recortes en sanidad

Es ya tópico señalar este SNS como uno de los sectores que más ha sufrido los recortes indiscriminados del gasto público desde hace diez años. En proceso de recuperación, harto discutible en su solvencia, cabe preguntarse si en este caso se conseguirá recuperar el modelo vigente hasta el 2007 con las modificaciones que hagan falta y si, en el largo plazo, pueden establecerse principios rectores para la sanidad pública que queden al resguardo de los ciclos económicos. Dos textos, de género muy diferente, pueden orientar la respuesta.

Primero, el documento impulsado por la Fundación Novartis sobre el futuro del SNS los próximos años post-crisis. El método de trabajo ha sido la selección de un panel de 124 personas relacionadas con la sanidad (médicos, enfermeras, gestores hospitalarios, consejeros de sanidad, usuarios, académicos…) con un cuestionario básico de grandes objetivos y la clasificación entre lo que se desea que ocurra y lo que se cree que va a ocurrir.

Síntesis de algunas conclusiones. Se debería recuperar el carácter universal de la prestación sanitaria y su financiación, aunque se teme, por un lado, que será difícil alcanzarlo; y, por otro que deberá afrontarse de una vez el mal llamado copago. Eso sí con criterios discriminatorios en función del coste-efectividad, según algunos, con imposición del criterio previsible de que al final serán los intereses políticos y presupuestarios los que fijarán las prioridades.

Diferencias autonómicas

Los dos grandes temas que mejor disenso crea entre los panelistas es el coste farmacéutico y la nivelación del gasto sanitario interterritorial (las diferencias de servicios entre comunidades y la asistencia a pacientes de una autonomía en otra). De los fármacos, lo previsible: se gasta demasiado y a veces sin justificación, pero el gato del gasto va a seguir campando sin cascabel. Podría resumirse que se teme un estancamiento de las políticas de salud, pero sigue encendida la lámpara esperanzadora de exigir más democracia en el control social de los gestores y el derecho del enfermo a elegir y decidir sobre su propio bienestar (o malestar, según se mire).

Segundo, el discurso del catedrático (UPF) Guillem López-Casasnovas con motivo de su incorporación como miembro numerario en la sección de Ciencias Sociales del Institut d’Estudis Catalans. Condensa en 31 páginas bondades y defectos del sector. Una dosis combinada de filosofía moral (es justo redistribuir desde el Estado) y análisis del contexto de porqué a veces funciona el mercado y a veces no, ¡con sus números! como argumento capital, es la receta de este académico de largas prestaciones al sector de la salud.

Financiación solidaria

"Redistribuir -advierte López-Casasnovas- enfrenta a menudo eficiencia y equidad", lo que aporta el mercado y lo que exige el bien común. De ahí la dificultad de elegir lo óptimo en cada situación. Y sin rodeos: debe haber financiación solidaria para las prestaciones que demuestren que hay relación entre el coste y la efectividad. Y los gastos que no puedan asumirse por demasiado altos, si son efectivos, que se aplique el copago en función de la renta de los pacientes.

Con estos criterios no se llegaría al fenómeno de los “camellos con bata”, en expresión del reportaje citado al principio.