El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes la proposición de ley del PP para reformar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para que el Gobierno en funciones pueda fijar los nuevos objetivos de déficit y de deuda de cada nivel de la Administración. En primer lugar, se abordará la toma en consideración de la proposición de ley para, a continuación, analizar el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la iniciativa legislativa.
Con esta proposición se quiere incluir una nueva disposición adicional en la ley de estabilidad que recoja las reglas para el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas por un Gobierno en funciones.
Así, se señala que cuando como consecuencia de una decisión de la Unión Europea resultara necesario revisar los objetivos ya fijados y el Gobierno se encontrara en funciones, éste podrá adoptar el acuerdo para fijar los nuevos objetivos de déficit y de deuda de cada subsector.
En el texto se destaca que la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública es "una parte intrínseca y fundamental del proceso presupuestario".
Además, se recuerda que el pasado 2 de agosto el Consejo de la Unión Europea decidió en el marco del procedimiento de déficit excesivo una revisión de la senda, fijando los objetivos de déficit en el 4,6%, 3,1% y 2,2% para los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente.
Por ello, "se precisa una revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para adecuarlos a la nueva decisión del Consejo de la Unión Europea".
Una vez superado este debate, la tramitación de esta reforma proseguirá el jueves en el Pleno del Congreso y de ahí pasará al Senado.
El Pleno del Congreso, a instancias del PSOE, también vota este martes si exige al Gobierno poner ya en marcha la negociación de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas que, recuerdan los socialistas, se debía haber iniciado en el 2013 y a pesar de ello, únicamente se tiene un balance de la eficiencia del actual sistema. Ya en la pasada legislatura el Pleno del Congreso aprobó una moción en el mismo sentido, pidiendo al Gobierno un nuevo sistema que corrigiera los déficit de financiación detectados y que garantizara la igualdad y la suficiencia financiera de todas las administraciones autonómicas.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, sobre el ajuste de 5.000 millones de euros que debe abordarse para cumplir el objetivo de déficit del 2017, indicó esta semana que las previsiones enviadas a Bruselas se basan en un crecimiento del PIB del 2,3%, y que si creciese medio punto más, el ajuste necesario para cumplir el déficit se recortaría a 2.500 millones.
