Además de un pacto sobre pensiones y otro sobre inclusión, el ministro José Luis Escrivá planteó ayer a los diputados un tercero para garantizar una política de inmigración «legal, segura y ordenada».
El ministro ofreció negociar la reforma de la ley de extranjería del año 2000 que prevé abordar lo largo de esta legislatura. Los cambios irán destinados a mejorar y flexibilizar la autorización de migración legal, cuyo sistema actual «no está respondiendo a las necesidades del mercado laboral», según Escrivá.
«A medio plazo, es necesario aumentar la inmigración para mantener nuestra población en edad de trabajar constante, evitando un riesgo de japonización con envejecimiento poblacional y ralentización económica», subrayó el ministro. La reforma primará las autorizaciones ordinarias (autorizaciones de trabajo) frente a la extraordinaria (arraigo). También se pretende flexibilizar el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (mediante una reforma integral) así como los criterios de aplicación de las autorizaciones de extranjería.
De cara a las personas que llegan a las costas o a la política de asilo, se plantea reforzar los sistemas de atención humanitaria y de acogida y nuevas infraestructuras públicas y privadas. El ministro anunció que su departamento ha iniciado contactos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para adecuar algunos de sus inmuebles para la acogida de inmigrantes y asilados.
«La clave es utilizar el conjunto de infraestructuras inmobiliarias públicas, sobre todo las que han entrado en desuso, que pueden reconvertirse» por ejemplo en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), señaló el ministro. «Es una posibilidad que estamos considerando», aseguró. Incluso existe, añadió, la «posibilidad de ámbito privado» y, en este sentido, es cuando desveló que está manteniendo conversaciones con la Sareb.
