Se avecinan unas semanas movidas para Ryanair. Más allá de los efectos que la expansión del coronavirus está provocando en el sector aéreo, la aerolínea irlandesa se sentará este martes en el banquillo de la Audiencia Nacional, tras la impugnación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de sus pilotos y tripulantes de cabina españoles.
La compañía low cost anunció el pasado verano un ERE por el cierre de las bases de Gerona, Las Palmas, Tenerife Sur y Lanzarote, aludiendo principalmente a los retrasos en la recepción de los aviones 737 Max de Boeing, así como a la mala racha del negocio provocada por el alza en los costes y la bajada en las tarifas. In extremis, la aerolínea «indultó» al aeródromo catalán -al dejarlo como base estacional (sin funcionamiento en invierno) y con la conversión de los contratos de la plantilla a fijos discontinuos-, a cambio de que los sindicatos aceptasen las condiciones del despido en el resto de bases.
Una propuesta que la compañía planteó en la penúltima reunión del periodo de consultas, según informaron los sindicatos, y que a su juicio implica «coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe».
Este es solo uno de los muchos motivos de una «extensa demanda» presentada por los sindicatos USO, Sitcpla y Sepla ante la Audiencia Nacional de la que este martes se celebra el juicio oral y con la que las centrales buscan la nulidad del ERE. En total, más de 200 empleados de las bases de Canarias y alrededor de 20 de la base de Gerona fueron despedidos, según las cifras facilitadas por la compañía en enero en un encuentro con la prensa.
TRES JUICIOS EN UNO / Este martes se celebrarán tres juicios en uno porque el ERE afecta al personal directo de Ryanair y también a aquel contratado a través de las agencias Crewlink y Workforce. Las organizaciones sindicales defienden que la compañía ha cometido «múltiples irregularidades e incumplimientos» en la negociación del despido colectivo. Mientras, la aerolínea señala a «decisiones comerciales» por la crisis de los 737 Max de Boeing como el motivo del cierre de las bases canarias.
Pero este juicio no es el único problema pendiente entre los sindicatos y la aerolínea de bajo coste, que deberá pagar 36.000 euros a la Seguridad Social por el acta levantada por Inspección de Trabajo tras dictaminar una cesión ilegal de trabajadores en su base de Gerona. En trámite también tienen una resolución por «coacciones» ante el derecho a la huelga en Madrid y otra por la demanda planteada ante la Audiencia Nacional por los servicios mínimos de la huelga de diciembre del 2018, entre otras.
La relación de los trabajadores de Ryanair y la aerolínea suma más de dos años de bronca. Los tripulantes de cabina iniciaron una serie de huelgas que tuvieron réplica en otros países de Europa, mientras sus compañeros pilotos se decantaron por la senda legal. La reclamación era la misma, que Ryanair se acoja a la legislación española.
