El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes un cambio legislativo urgente para que a partir de ahora el impuesto sobre las hipotecas sea asumido por la banca y no por el cliente. El cambio se articulará a través de un decreto ley de inmediata entrada en vigor.

Según cálculos de la agencia de calificación Moody's, el pago de este impuesto supone una cantidad aproximada de 640 millones de euros al año. Las entidades financieras ya habían anunciado que en caso de tener que asumir el pago del impuesto, este coste sería repercutido a los clientes a través de un encarecimiento de las comisiones o de los tipos de interés asociados al préstamo hipotecario.

Además, Sánchez ha anunciado que creará la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, un compromiso que incumplía y ahora acomete.

CALLE VS INSTITUCIONES

El Gobierno no esconde el "desasosiego" que le causa la decisión del Tribunal Supremo, por la oleada de indignación que despierta en la ciudadanía y, no menos, por la politización de ese dolor que espolea su principal aliado, Pablo Iglesias, que ha llamado a movilizarse en las calles. El Ejecutivo está preocupado no ya por los réditos electorales que Podemos trate de conquistar a los lomos de la indignación, sino sobre todo por el daño reputacional que pueda sufrir el alto tribunal a las puertas del juicio del ‘procés’, máxime tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los independentistas usan para descalificar a la justicia española. Unos tribunales desacreditados cuando está a punto de juzgar la causa política más importante desde la democracia, explican en la Moncloa, es un riesgo que el Gobierno debe intentar rebajar evitando que crezca el recelo de los ciudadanos contra el sistema judicial.

En esta reflexión, se intenta trasladar que mientras algunos partidos agitan el rencor en las calles, el Ejecutivo legisla para poner soluciones.

Desde el ministerio de Hacienda ya se venía reconociendo desde haces semanas que la sentencia del TS condicionaría otras medidas que el Gobierno barajaba, como el nuevo impuesto a la banca (para aumentar sus aportaciones al Fondo de Garantía de depósitos) o, incluso, la ley hipotecaria, que está tramitándose en el Congreso de los Diputados.