El Gobierno se está dando tiempo antes de acometer su propia agenda económica más urgente. Tras aprobar la subida de las pensiones el martes pasado, el Consejo de Ministros de ayer concluyó sin aprobar la subida acordada del 2% para el sueldo de los funcionarios, ni avanzar en la derogación de los despidos por bajas médicas. El segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno solo aprobó una nueva tanda de nombramientos. La ministra Portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, condicionó cualquier cambio en la reforma laboral al dialogo social. «Tenemos que dejar tiempo a los agentes sociales, y eso no significa tardanza», dijo.

Sobre el sueldo de los funcionarios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una carta firmada por su director de Gabinete, Iván Redondo, ha trasladado a CSIF que la subida salarial para el 2020 se va a producir «a la mayor brevedad posible» y con efectos desde el 1 de enero. Se está a la espera de que la ministra Carolina Darias acabe de formar su equipo.

Y respecto al proyecto de Presupuestos del Estado para el 2020, Montero confirmó el propósito del Gobierno de presentar una nuevas cuentas «a la mayor brevedad posible» pero, según explicó, antes deben suceder al menos cuatro circunstancias previas. La primera de ellas, mantener «una conversación fluida y franca con Bruselas» para lograr más margen de gasto.

CUATRO PASOS / Según explicó Montero tras la reunión del Consejo de Ministros, antes de presentar unas nuevas cuentas, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño deberá negociar una nueva senda de déficit y deuda con Bruselas.

Además, esta debe ser validada, primero por los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --que según Montero, se convocará «muy pronto»-- y después, por el Senado. Como cuarto factor, Montero dijo que el Gobierno quiere llevar el proyecto de Presupuestos al Congreso de los Diputados después de haber atado los apoyos parlamentarios suficientes. Todo esto puede llevar varias semanas.

Lo más llamativo de esta hoja de ruta es que la ministra de Hacienda insiste en negociar primero con Bruselas, mientras que fuentes oficiales de la Comisión Europea subrayan que el procedimiento debe ser al revés. La Comisión exige que España presente primero el nuevo plan presupuestario que le exigió con urgencia en noviembre (después de constatar que el presentado en octubre incurría en una «desviación significativa» respecto de los objetivos marcados»), antes de empezar a hablar del déficit.

«Primero queremos conocer las opiniones de las autoridades europeas», dijo Montero. La ministra de Hacienda recordó que la actual senda vigente de objetivos de déficit data del Gobierno del PP.

En ella se establecía un objetivo de déficit del 0,5% del PIB para el 2020, que no está al alcance de una economía que en el 2019 cerró con un desfase presupuestario del 2% o tal vez, por encima. Los datos se conocerán en marzo.

REVERTIR RECORTES / La ministra de Hacienda también recordó que en el 2018 Calviño negoció con Bruselas una nueva senda de déficit (con un objetivo del 1,1% para el 2020) «que no pudo ver la luz en el Senado», por el veto del PP. «Vamos primero a hablar con las autoridades europeas», insistió Montero, convencida de que «mientras el país siga disminuyendo el déficit, escucharán» las propuestas del Gobierno para «acompañar el cumplimiento de las cuentas públicas con la recuperación de los derechos arrebatados a los ciudadanos durante la crisis por las políticas de recorte del PP».

esperar / La ministra de Hacienda convocará «muy pronto» a los representantes autonómicos para una reunión de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe validar cualquier nueva senda de déficit antes de llevarla al Parlamento.

«La derogación de los aspectos más perniciosos» de la reforma laboral del PP, también tendrá que esperar, según Montero. Según dijo, los aspectos «están identificados» y su derogación se abordará «a la mayor brevedad posible» pero dentro del diálogo social. «Tenemos que dejar tiempo. Debemos permitir que empresarios y sindicatos puedan abordar estas cuestiones», afirmó la portavoz.