El Consejo de Ministros aprobó ayer enviar a la Comisión Europea un Plan Presupuestario para el 2019 que acoge el pacto social y de subida de impuestos acordado con Podemos pero que, al menos de momento, tendrá que ser encajado dentro de los objetivos de déficit más exigentes heredados del Gobierno de Rajoy. El texto del plan presupuestario que se remite a Bruselas se ha confeccionado con la hipótesis del objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el 2019 que la ministra de Economía, Nadia Calviño, negoció con la Comisión Europea en julio pasado. Sin embargo, los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas tendrán que confeccionarse con un objetivo de déficit más exigente, del 1,3 del PIB, ya que la nueva senda fiscal no cuenta aún con el aval del Parlamento y difícilmente lo va tener a corto plazo, dado que la mayoría absoluta del PP en el Senado puede tumbarlo.
Tener que renunciar al nuevo objetivo de déficit del 1,8% implica que las administraciones públicas no podrán incluir en sus cuentas ese respiro de cinco décimas adicionales de déficit público ni la holgura presupuestaria de casi 6.000 millones adicionales que ello representa, repartida entre Estado (1.000 millones), autonomías (2.500 millones) y Seguridad Social (2.500 millones), según recordó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros.
El hecho de que todas las administraciones se vean abocadas a confeccionar unos presupuestos con un objetivo de déficit del 1,3% del PIB (heredado de Mariano Rajoy), distinto del que el Gobieno ha remitido a Bruselas acaba conformando la idea de que el Plan Presupuestario puede llegar a ser de imposible aplicación. Eso sin contar con las dificultades de la negociación política de un Gobierno que necesita el apoyo de unos partidos independentistas (ERC y PDCat) que exigen a cambio una sentencia favorable para los políticos presos
CUMPLIMIENTO CON BRUSELAS / El envío a la Comisión Europea del Plan Presupuestario para el 2019 del conjunto de las administraciones públicas es una obligación que deben cumplir todos los países del euro antes del 15 de octubre. El Gobierno de Pedro Sánchez ha querido mostrar en este documento tanto su compromiso con la estabilidad presupuestaria que marca la UE como el cumplimiento del pacto con Unidos Podemos para dar un giro social a las cuentas públicas. «Es un acuerdo de Presupuestos valiente, que cambia el paso al país» resumió la ministra portavoz Isabel Celáa. El objetivo -dijo- es «que la recuperación llegue a las familias, haciéndolo compatible con la consolidación presupuestaria».
Para garantizar el cumplimiento de las exigencias comunitarias, el proyecto presupuestario incluye medidas para reducir el déficit de forma permanente en cuatro décimas de PIB, por la vía de subidas de impuestos. Según destacó la ministra de Economía, Nadia Calviño, este ajuste permitirá situar el déficit público en el 1,8% del PIB en el 2019. Si se descuentan los pagos por intereses de la deuda publica, se prevé un superávit primario del 0,5% del PIB por primera vez desde el 2007 que, según Calviño, pemitirá situar la deuda pública en el 95,5% del PIB a finales del 2019 (desde el 98,1% de finales del 2017).
MÁS IMPUESTOS / Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con sus planes de presentar en el Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2019 a finales de noviembre o principios de diciembre. La clave para poder encajar en el objetivo de déficit de Rajoy para el 2019 el ambicioso programa social pactado entre Sánchez y Pablo Iglesias está en la subida de impuestos.
Según los datos presentados por Montero, los cambios en la fiscalidad y la lucha contra el fraude permitirán un aumento de los ingresos de 5.678 millones, de los que 4.489 se integrarán en los Presupuestos del Estado. El resto irá a parar a la Seguridad Social para contribuir al pago de las pensiones (850 millones por la nueva tasa de transacciones financieras) y a las autonomías (339 millones previstos por el recargo del 1% para los patrimonios de más de 10 millones).
En el lado del gasto, estima en 5.098 millones el impacto de las medidas de gasto social pactadas con Podemos, de los cuales solo 1.992 tendrán cabida en el Presupuesto del Estado. Medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC (704 millones) o la ampliación del permiso de paternidad (300 millones) cargan contra el Presupuesto de la Seguridad Social.
