La delicada situación del sistema de pensiones públicas, amenazado tanto a corto (déficit y fin del fondo de reserva previsto para el 2017 o principios del 2018) como a medio plazo (envejecimiento de la población), ha encendido las alarmas hasta el punto de que uno de los primeros compromisos del nuevo Gobierno es presentar reformas en el Pacto de Toledo. Una oportunidad que no quiere dejar pasar el sector financiero, parte interesada como comercializador de fondos de pensiones y otros productos para la jubilación. En las últimas semanas, se han multiplicado los llamamientos de sus representantes para que entre los cambios se incluyan incentivos al ahorro privado como complemento a la prestación pública.
Distintas fuentes del mismo confirman que el sector ve en el debate abierto una "oportunidad de oro" para impulsar un mercado que está menos desarrollado en España que en otros países europeos. De ahí, explican, que los pronunciamientos públicos de directivos e instituciones financieras se hayan multiplicado desde el pasado verano, unos mensajes que también trasladan en los contactos discretos con los partidos políticos. Tradicionalmente, aseguran, los gobernantes han tenido reparos en incentivar el ahorro privado para el retiro porque creían que "daba la sensación de poner en cuestión el sistema público" de pensiones, una objeción que la industria trata de ahora de vencer.
Al mismo tiempo, está tratando de aprovechar las dudas sobre el sistema público para incrementar sus ventas. La campaña de ofertas y nuevos productos habitual de los cierres de año, el momento en que la mayoría de los clientes hacen sus aportaciones anuales (cerca del 80%), está siendo este ejercicio particularmente agresiva. "En el último trimestre del año, siempre, las empresas privadas de fondos de pensiones aceleran su publicidad, poniendo la duda sobre las pensiones para que la gente se haga seguros privados. Y yo eso lo entiendo, porque son empresas privadas y quieren ganar dinero y hacer su trabajo. A mi lo que me preocupa es cuando lo hace un partido", apuntaba hace unos días Celia Villalobos, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso.
ADVERTENCIAS Y PROPUESTAS
Uno de los pronunciamientos más contundentes, y que resume la posición del sector, lo había hecho dos días antes Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell. "Las pensiones públicas son finitas", aseguró, ya que la población que la recibe crece mucho y la ocupada es "justita", por lo tanto "la manera de solucionarlo es con pensiones privadas", que los trabajadores deberían empezar a construir "ya desde su primera ocupación laboral". En una línea similar se han pronunciado desde septiembre, entre otros, directivos de bancos (como BBVA, Ibercaja y KutxaBank), aseguradoras (Mapfre, Previsión Nacional Sanitaria y Aviva) y patronales (la de los seguros, Unespa, y la de los fondos, Inverco).
Inverco es la que ha hecho unas propuestas más concretas, tras realizar una encuesta a los gestores de fondos de pensiones:incentivar la fiscalidad, aumentar los límites de las aportaciones,establecer un sistema "casi obligatorio" subsidiado por el Estado para que las empresas aporten a planes de pensiones de sus empleados (actualmente solo los tienen el 11% de los trabajadores), y enviar la información sobre la pensión estimada a los futuros pensionistas para concienciarles de que ahorren.
RESPALDO EUROPEO
El sector cuenta con el apoyo europeo. "Mientras trabajamos para mantener las finanzas públicas sobre unas bases sostenibles, es muy probable que los planes de pensiones ocupacionales y personales adquieran un rol más importante", advirtió hace unos días uno de los vicepresidentes de la Comisión, Valdis Dombrovskis. La comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, alertó de que las pensiones del futuro serán "menos generosas" y el director de Estabilidad Financiera, Olivier Guersent, aseguró que los sistemas públicos presentan "lagunas que se abren en casi todos los países".
Otro de los vicepresidentes, Jyrki Katainen, también apostó por eliminar barreras a la creación de un mercado único para los productos de ahorro para la jubilación. Precisamente, el supervisor europeo de los seguros y los planes de pensiones, EIOPA, viene defendiendo desde hace tiempo la creación de un producto de ahorro "personal paneuropeo seguro, transparente y efectivo". El mercado de productos, ha argumentado, está fragmentado y ofrece desde "depósitos de baja rentabilidad a seguros de vida demasiado complejos y costosos", que no están realmente diseñados para ahorrar cara a la jubilación.
Los bajos ingresos dificultan la previsión para la jubilación
El 79% de los españoles cree necesario ahorrar para la jubilación, pero solo un 27% lo hace. No por falta de ganas: el 43% no puede por sus bajos ingresos, frente a un 42% que estima que todavía tiene tiempo y solo un 12% que confía en la pensión pública, según una encuesta del BBVA. Otra de Abante Asesores apunta que en torno al 80% de la población teme que la prestación sea insuficiente.
Los inversores coinciden. Según un estudio de la gestora de activos de JP Morgan, el 54,4% considera que las pensiones no están garantizadas en los próximos 15 años. Y un análisis de Allianz afirma que el sistema español de pensiones es el 45º de 54 en el mundo en cuanto a sostenibilidad.
Entre los que ahorran, la opción preferida es la vivienda y después los fondos de inversión y los depósitos. Los planes de pensiones están lastrados: las comisiones son muchas veces excesivas, su gestión es a menudo insuficiente, sus ventajas fiscales han disminuido y, sobre todo, tienen una baja rentabilidad.
Según Morninstar, de los casi 600 con más de una década de vida apenas un 40% ha obtenido un retorno mayor que la inflación (y por tanto ganado poder adquisitivo para sus partícipes) y uno de cada seis acumula una rentabilidad negativa en 10 años.
Los planes de pensiones llevan perdiendo partícipes de forma casi ininterrumpida desde finales del 2014 y cerraron el segundo trimestre de este año con 9,8 millones de cuentas, 300.000 menos que en el 2013. A junio, gestionaban un patrimonio de 102.100 millones de euros, el 0,36% menos que un año antes, y registraban una rentabilidad negativa acumulada en el ejercicio del 0,55%.
