El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, tiene bajo lupa al Banco Popular desde el 2014 por deficiencias en sus mecanismos de control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La entidad controlada por el Santander desde el pasado junio ha recibido en los últimos cuatro años una inspección, el anuncio de otra y varios requerimientos, según consta en sus memorias anuales.
En el 2014, el banco fue objeto de una inspección que buscaba la «comprobación del cumplimiento, en relación con las operaciones con billetes y moneda metálica, de la obligación de identificación formal y del deber de conservación de los documentos de identificación de los intervinientes y de formalización de las operaciones». Según consta en la memoria del 2015, el banco no fue sancionado pero se le requirió que introdujera varias mejoras.
A comienzos del 2017, antes de su intervención y venta, el Sepblac envió un nuevo requerimiento a la entidad para comprobar las medidas adoptadas a raíz de la inspección del 2014. El pasado septiembre, un experto externo contratado por el banco por orden de la autoridad antiblanqueo realizó una auditoría de las operaciones de efectivo de agosto. El 30 de octubre, se remitió al Sepblac un escrito contestando «a cada uno de los puntos del requerimiento recibido» y adjuntando el informe del experto. En el informe anual del 2017, elaborado ya como parte del Santander, el Popular explica que ha lanzado varios planes para «solventar determinadas recomendaciones» del experto externo y del Sepblac.
Los campos de mejora son la gestión del sistema de alertas de operaciones sospechosas, la «diligencia debida» en la revisión de los documentos de las operaciones, y el cumplimiento de las obligaciones respecto al Fichero de Titularidades Financieras.
