Tras un año de interinidad política, los sindicatos CCOO y UGT han comprobado que la formación de un Gobierno no les garantiza que haya dialogo social. Y en ausencia de una mayoría parlamentaria clara han activado la movilización social que se combinará con la negociación pero que subirá de intensidad en función de si se logran o no acuerdos.
PRESIÓN A LOS POLITICOS
Cambiar las prioridades del gasto
La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 es un momento que las centrales quieren aprovechar para presionar al Ejecutivo a cambiar el estado de cosas. No es fácil ante el límite del techo de gasto pactado recientemente con el PSOE pero CCOO y UGT buscan aliados en el Congreso de los Diputados para anular o cambiar las medidas de recortes que se tomaron en la anterior legislatura y cambiar las prioridades de gasto para el próximo año. Para las movilizaciones ya han tenido el apoyo del PSOE y Podemos. Ambas son las encargadas de tramitar en el ámbito parlamentario propuestas que recogen las reivindicaciones sindicales.
LA REFORMA LABORAL
Derogar el símbolo de los recortes
La idea-eje de la estrategia sindical es la derogación de la reforma laboral, origen de una situación del mercado laboral en la que prima la temporalidad, los bajos salarios, la facilidad para el despido, el recorte de la negociación colectiva y símbolo de un lustro largo de recortes sociales. Las correcciones que hacen las sentencias judiciales no son suficientes para limar los perjuicios de la ley.
El Congreso ya ha dado el primer toque al Gobierno al lograrse una amplia mayoría para pedir su derogación que ahora se repetirá en aspectos concretos de la ley. La próxima cita, este martes cuando se vote la proposición de ley socialista para garantizar la igualdad de derechos de los trabajadores subcontratados. Les seguirán otras sobre negociación colectiva, contratación parcial, garantía juvenil o las políticas activas de empleo. El PSOE pedirá la constitución de una subcomisión en el Congreso para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que reordene las normas laborales.
PENSIONES
Atencion a la unidad del sistema
El uso reiterado del Fondo de Reserva por parte del Gobiernohasta su práctica desaparición (en el próximo año) ha hecho saltar las alarmas. El temor de las centrales, especialmente de UGT, es que se desgajen las pensiones de viudedad y orfadad del resto de las prestaciones de la Seguridad Social y se abra la puerta a romper la unidad del sistema. El inicio del debate en la comisión del Pacto de Toledo permite negociar los cambios pero la primera propuesta sindical es que con una nueva reforma fiscal se aportarían los fondos necesarios. Al mismo tiempo, se reclama para que las pensiones suban más de mínimo del 0,25% previsto por el Gobierno y lleguen a un incremento del 1,2%.
Otra prioridad es la reforma de la ley aprobada sin consenso por el PP en la pasada legislatura, especialmente para suprimir el llamado factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor en el 2019 supondrá una reducción notable de la cuantía de la pensión.
Las centrales apuestan por recuperar la jubilación anticipada y promover la jubilación parcial a los 60 años con contrato de relevo que permita aportar nuevos cotizantes sin aumentar el gasto. Rechazan simultanear la pensión y un trabajo porque eso impide la renovación del mercado de trabajo mediante nuevas contrataciones.
EMPLEO Y SALARIOS
Menos temporalidad y más renta mínima
La creación de empleo con salarios dignos es de las principales relaciones ante la realidad de que el trabajo no garantiza la salida de la pobreza. Aunque este año el empleo crezca entorno al medio millón de puestos de trabajo, la temporalidad alcanza al 26% de los trabajadores. El 60% de los contratos firmados en los 11 primeros meses del año son temporales y uno de cada cuatro dura menos de siete días. La cobertura a los parados ha descendido 10 puntos desde el inicio de la crisis y ahora solo alcanza a poco más de dos millones de los casi cuatro de desempleados.
Para el año que viene las centrales piden hasta un 3% de subida salarial. Para ello se toma como referencia la pujanza de la recuperación económica, el crecimiento de los beneficios empresariales y las previsiones de inflación que abranzan importantes subidas del coste de la vida. Han calificado de insuficiente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2017 (quedará en 707,60 euros) reclaman que llegue a 800 euros al final de la legislatura y que se establezca por ley que su cuantía sea del 60% del salario medio neto y se garantice su poder adquisitivo.
