La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha aprovechado el proyecto de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentado por CCOO y UGT, y apoyado por 710.000 firmas, para presentar su propia propuesta sobre una nueva renta mínima en España. La entidad presidida por José Luís Escrivá propone redireccionar la reforma en una prestación que se centre en combatir la extrema pobreza en 1,8 millones, lo que reduciría la tasa de pobreza severa del actual 6,9% al 2,7%, y que supondría un coste de 5.500 millones de euros. Una carga fiscal que podría reducirse, según cálculos que ha hecho el organismo, si las autonomías eliminaran duplicidades, hasta los 3.500 millones de euros.

La propuesta realizada por la AIReF ha sido recibida con un regusto agridulce por parte de las organizaciones sindicales. Por un lado, y en sentido positivo para las centrales, reconoce que la importancia de abordar políticas sociales para combatir las situaciones de precariedad material en la que viven el 6,9% de los españoles y que quién deben hacerlo es la Seguridad Social a nivel estatal.

umbral de la pobreza severa / Se considera pobreza severa la que experimentan aquellas personas que viven con una renta por debajo del 30% de la mediana de renta disponible del país. En España, para datos del 2017, ello se traduce en 355 euros mensuales para un individuo o 746 euros para un hogar de dos adultos con dos menores a cargo. Actualmente, España es el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Rumanía con un porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de la pobreza severa. En la media de los 28 la cifra es del 3,5%.

La autoridad fiscal estima que el modelo propuesto por los sindicatos supondría, como mínimo, un coste de entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros y reduciría la tasa de pobreza severa hasta el 5%. Sin embargo, «la AIReF centra su objetivo en la extrema pobreza, no en la erradicación de la misma. Es decir, pasar de muy muy pobres a pobres es un paso, pero evidentemente no es lo que se pretende desde el sindicato», según declaró la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió.

EL CONFLICTO TERRITORIAL / Carlos Bravo, secretario confederal de protección social de CCOO, explica que la iniciativa presentada por los sindicatos nace con la voluntad de solventar las capas de pobreza entre los parados de larga duración e incorpora conscientemente las «duplicidades» que interpreta la AIReF, con la voluntad de evitar un conflicto territorial con las administraciones autonómicas.

En el actual reparto competencial, la realidad marca que son estas las que gestionan los mecanismos equivalentes a las rentas mínimas. «En nuestro modelo, las comunidades autónomas serían las que se encargaran de las situaciones de extrema pobreza y la Seguridad Social de revitalizar las personas con más posibilidades dentro del mercado de trabajo», afirmó el dirigente de Comisiones Obreras.