+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

Cambios en un sector clave

El temor a una burbuja financiera amenaza a las energías renovables

El Gobierno deja para el nuevo curso el desarrollo de la norma que asegure las inversiones. Red Eléctrica de España alerta de que el exceso de proyectos puede desatar un proceso especulativo

 

Un operario trabaja en una instalación de placas solares en la localidad de Villaldemiro, en Castilla y León. - AFP / CÉSAR MANSO

SARA LEDO
20/05/2019

Después de unos años de sequía, el sector de energías renovables empieza a despegar con fuerza en España por el abaratamiento de costes y la apertura regulatoria. Para hacerse una idea, si hay alrededor de 28.000 megavatios renovables en servicio, Red Eléctrica de España (REE) gestiona permisos para nuevas instalaciones por más de 116.000 megavatios. La posibilidad de que muchos proyectos sean especulativos y se desemboque en una burbuja amenaza al sector.

Según REE, el número de permisos para nueva generación renovable se incrementaron el 64% en el 2018. A cierre del año pasado, había 28.146 megavatios renovables instalados y el operador del sistema eléctrico había recibido solicitudes de acceso y conexión para 88.848 megavatios más (41.646 megavatios con permiso de acceso y 47.202 megavatios con una solicitud en curso).

Esta cifra, además, ha vuelto a crecer en los primeros cuatro meses del 2019. Así, a mediados del pasado abril, el número de instalaciones renovables sumaba 28.400 megavatios y REE tenía solicitudes para gestionar 116.400 megavatios más (45.900 megavatios con permiso de acceso y 70.500 megavatios sin permiso), lo cual casi duplica el objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de tener 87.140 megavatios renovables en el año 2030.

FALTA DE «MADUREZ» / El operador eléctrico alerta en el documento Red Eléctrica y la integración renovable de la posibilidad de que muchos de esos proyectos no sean «maduros», es decir, que puedan no tener un proyecto industrial detrás. La empresa advierte de que podría haber intermediarios que ven una oportunidad de negocio en la obtención de permisos para después venderlos a los titulares finales de las plantas. «La especulación y la corrupción surgen cuando algo que no debería valer nada vale dinero porque se tarda mucho tiempo en conseguirlo», apunta el experto en renovables Jorge Morales de Labra. De media, una instalación fotovoltaica tarda cinco años en lograr todos los permisos necesarios para su construcción, que necesita entre seis meses y un año. «Los promotores pagan dinero por esas autorizaciones por ahorrarse esos cinco años», agrega el experto.

Para Morales de Labra la solución ideal sería simplificar los trámites administrativos. Sin embargo, esta medida no resulta una tarea nada fácil porque en la instalación de renovables intervienen diversas administraciones. No obstante, en el medio plazo, el experto apuesta por establecer hitos a lo largo del proyecto, de forma que, si algunos de estos objetivos no se cumple, el promotor libere el punto de conexión y otro pueda usarlo.

LEGISLACIÓN / En la actualidad, para instalar una planta renovable en España se requiere una garantía (aval) y la correspondiente información técnica. Para Red Eléctrica Española, la normativa actual es «inadecuada e insuficiente» para abordar los retos de la transición energética y en el sector habla de un auténtico cuello de botella en la tramitación. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, están al tanto del problema y apuntan que están trabajando con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el asunto para evitar que la ingente cantidad de permisos llegue a ser un problema.

El decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que se aprobó en octubre ya incorporó algunos cambios para «evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos» como elevar las garantías exigidas (aval) de 10 a 40 euros el kilovatio instalado. Además, incluyó otras como la planteada por Morales de Labra, es decir, imponer obligaciones de reporte sobre el grado de avance de los proyectos y el cumplimiento de determinados hitos, así como también limitar los permisos de una instalación de generación a la construcción y funcionamiento de dicha instalación. Pero las dejó sin hacer.

A estas dos propuestas les falta el desarrollo normativo que las ponga en funcionamiento. El nuevo Ejecutivo deberá definir cuáles son las características y condiciones que harían cumplir con ambos preceptos. Y la tarea no es fácil. El presidente de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, apunta como una de las claves «desincentivar el movimiento especulativo, pero sin poner hitos imposibles que supongan una barrera para los más pequeños».