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Renovables

El temor a una burbuja financiera amenaza a las renovables

Red Eléctrica advierte que la alta demanda para instalar renovables podrían responder a la especulación El Gobierno ha dejado para el nuevo curso el desarrollo de una norma que asegure la finalización de los proyectos

 

Planta solar fotovoltaica en la localidad de Beneixama (Alicante). - MIGUEL LORENZO

SARA LEDO
19/05/2019

Después de unos años de sequía, el sector renovable empieza a despegar con fuerza en España por el abaratamiento de costes y la apertura regulatoria. Para hacerse una idea, si hay alrededor de 28.000 megavatios renovables en servicio, Red Eléctrica gestiona permisos para nuevas instalaciones por más de 116.000 megavatios. La posibilidad de que muchos de estos proyectos sean especulativos y puedan desembocar en una burbuja financiera amenaza al sector.

Según Red Eléctrica de España, el número de permisos para nueva generación renovable se incrementaron en un 64 % en el año 2018. A cierre del año pasado, había 28.146 megavatios renovables intalados y el operador del sistema eléctrico había recibido solicitudes de acceso y conexión para 88.848 megavatios más (41.646 megavatios con permiso de acceso y 47.202 megavatios con una solicitud en curso).

Una cifra que en los primeros cuatro meses de este año ha vuelto a crecer. Así, a mediados de abril, el número de instalaciones renovables sumaba 28.400 megavatios y REE tenía solicitudes para gestionar 116.400 megavatios más: 45.900 megavatios con permiso de acceso y 70.500 megavatios sin permiso; lo cual duplica el objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de tener 87.140 megavatios renovables en el año 2030.

Hasta ahí no hay problema. Sin embargo, el operador eléctrico alerta en el documento 'Red Eléctrica y la integración renovable' sobre la posibilidad de que muchos de esos proyectos no sean "maduros", es decir, que puedan no tener un proyecto industrial detrás. La empresa advierte que podría haber intermediarios que ven una oportunidad de negocio en la obtención de permisos para después venderlos a los titulares finales de las plantas.

LA CLAVE DEL PROBLEMA ES EL TIEMPO

"La especulación y la corrupción surgen cuando algo que no debería valer nada, vale dinero porque se tarda mucho tiempo en conseguirlo", apunta el experto en renovables Jorge Morales de Labra. De media, una instalación fotovoltaica tarda unos 5 años en conseguir todos los permisos necesarios para su construcción que copa entre 6 meses o un año. "Los promotores pagan dinero por esas autorizaciones por ahorrarse esos cinco años", agrega el experto.

Para Morales de Labra la solución ideal pasaría por simplificar los trámites administrativos. Sin embargo, esta medida no resulta una tarea fácil porque en la instalación de renovables intervienen diversas administraciones. No obstante, en el medio plazo, el experto apuesta por establecer hitos a lo largo del proyecto, de forma que si algunos de estos objetivos no se cumple, el promotor libere el punto de conexión y otro pueda usarlo.

En la actualidad, para instalar una planta renovable en España se requiere una garantía (aval) y la correspondiente información técnica. Para Red Eléctrica la normativa actual es "inadecuada e insuficiente" para abordar los retos de la Transición Energética y en el sector hablan de un auténtico cuello de botella en la tramitación. Desde el ministerio para la Transición Ecológica están al tanto del problema y apuntan que están trabajando con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el asunto para evitar que la ingente cantidad de permisos pueda llegar a ser un problema.

LOS DEBERES POR HACER DEL GOBIERNO

El decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que se aprobó en octubre ya incorporó algunas medidas para "evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos" como elevar las garantías exigidas (aval) de 10 a 40 euros el kilovatio instalado. Además, incluyó otras como la planteada por Morales de Labra, es decir, imponer obligaciones de reporte sobre el grado de avance de los proyectos y el cumplimiento de determinados hitos, así como también limitar los permisos de una instalación de generación a la construcción y funcionamiento de dicha instalación. Pero las dejó sin hacer.

A estas dos propuestas les falta el desarrollo normativo que las ponga en funcionamiento. El nuevo Ejecutivo deberá definir cuáles son las características y condiciones que harían cumplir con ambos preceptos. Y la tarea no es fácil. El presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, apunta como una de las claves "desincentivar el movimiento especulatorio, pero sin poner hitos imposibles que supongan una barrera para los más pequeños".

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