El Congreso de los Diputados está decidido a sancionar a las empresas morosas, es decir a aquellas que incumplen los plazos legales en las transacciones comerciales, fijado en 60 días. Según un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la media era el año pasado de 77 días. Y en el sector público era de 30 días, mientras que la media en las operaciones reales se situó en 71 días. Las empresas de mayor dimensión son las que practican mayores demoras en los pagos, según los análisis de la PMcM.

El acuerdo entre formaciones políticas es casi unánime, aunque quedan pendientes de cerrar los parámetros y cuantificaciones de las multas, una vez finalizado la semana pasada el periodo de enmiendas. Está previsto que las sanciones vayan desde las leves a partir de 406 euros hasta los 819.780 en las que se consideren más graves.

«Ya no hay mayorías absolutas y se pueden lograr regulaciones que, de otra forma, no se podrían llevar a cabo», explica Antoni Cañete, presidente de la PMcM.

Todas las fuerzas parlamentarias se han sumado a la proposición de ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que presentó Ciudadanos (Cs). El texto podría aprobarse durante la primera mitad del año que viene. Una de las enmiendas llamativas corresponde al PNV, que reclama la supresión del régimen sancionador amparándose en que la directiva comunitaria «no contempla el despliegue de una mecanismo sancionatorio» y aboga por los arbitrajes. Pero eso no significa que finalmente no apruebe la norma, según las fuentes consultadas.

La necesidad de un régimen sancionador es vista con buenos ojos incluso por el PP, que inicialmente era reticente. Podemos, ERC y el PSOE han aceptado las enmiendas propuestas por la PMcM, y Ciudadanos y el PDeCAT avalan la que sugirió la patronal CEOE, que cuenta a su vez con el apoyo del PP y el Gobierno.

Esta última prevé que los proveedores recuperen el IVA de las facturas que no cobren en 90 días (30 días después del plazo legal). Hasta ahora, la empresa afectada por el impago adelanta el importe del impuesto a Hacienda, antes de cobrar el importe del bien o servicio que hay vendido.

UNA GRAN AYUDA / Esta modificación que asumen Ciudadanos y el PDeCAT, pero también el PSOE y el PP supondrá un gran alivio para las compañías españolas, ya que además de no cobrar tenían que pagar el IVA por una operación por la que no habían ingresado ni un euro.

Lo cierto es que la normativa supone un gran salto, tras la ley de contratación pública. «Ahora la ley se tiene que tramitar, es una cuestión de calendario», afirma Cañete. «Todos están de acuerdo en que se tire adelante, pero veremos cómo quedan finalmente las enmiendas», afirma el presidente de la PMcM.

En todo caso en lo que estarán más vilgantes es en los importes y los parámetros en función de los cuales se aplicarán las sanciones, agrega. De todas formas será un gran avance con respecto a las intenciones iniciales de supeditar las multas por demoras en los pagos a sentencias firmes, lo que la PMcM atribuye a la CEOE, y que hubiera dificultado la penalización a la morosidad.