El Ministerio de Trabajo ultima los preparativos para poder lanzar su plan que permita a los parados durante la crisis recuperar hasta dos años de cotizaciones que dejaron de pagar al ser despedidos. Y no descarta tenerlo listo y en práctica antes del próximo 10 de noviembre, fecha designada para las segundas elecciones generales, tal como reconocen fuentes del Ministerio. Es una cuestión de "plazos administrativos", señalan esas mismas fuentes.

Este proyecto consiste en un convenio especial de la Seguridad Social al que podrían acogerse voluntariamente las personas que actualmente tengan entre 35 y 43 años y hayan dejado de cotizar entre el 2 de octubre y el 1 de julio del 2018 durante, como mínimo, tres años. Dicho colectivo podrá voluntariamente pagar de su propio bolsillo las lagunas de cotizaciones por un periodo máximo de dos años, sin conocerse todavía el montante a aportar. Dichas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de las prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, tal como detalla el documento preliminar colgado por Trabajo en su portal de transparencia.

El departamento encabezado por Magdalena Valerio ha decidido sacar y desempolvar del cajón de medidas pendientes un proyecto que fue aprobado en el último Consejo de Ministros del 2018, concretamente el 28 de diciembre. Por qué ahora, nueves meses después de su aprobación? Por la misma razón por la que desde el Ministerio no pueden asegurar tenerlo antes de las elecciones o después: "plazos administrativos".

El Ejecutivo justificó dicho paquete con el objetivo de "la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo", y en él incluyó cuestiones diversas como la cotización obligatoria de los becarios; que levantó debate mediático las semanas siguientes de aprobarse y que ahora vuelve a estar en barbecho, a la espera de un Gobierno que deje de estar en funciones. De hecho, ni dicha medida fue publicitada en su momento ni la reactivación del paquete de cotizaciones lo ha sido ahora.

REACTIVADO NUEVE MESES DESPUÉS DE APROBARSE

Trabajo publicó el pasado 13 de septiembre una consulta pública previa para que los actores interesados le hicieran llegar objeciones. Dicho proceso de participación finaliza el próximo 1 de octubre; será entonces cuando los técnicos del Ministerio comiencen a redactar la orden ministerial. En dicho proceso, y teniendo en cuenta las alegaciones manifestadas por terceros en las dos semanas de consulta pública previas, el texto final puede incluir modificaciones. Desde Trabajo no descartan que la horquilla de potenciales beneficiarios cambie de ese 35-45 años o que se expliciten deducciones para los voluntarios que se acojan a ello.

Cuánto tendrá que pagar alguien que cumpla con los requisitos? Hasta que la orden ministerial no esté en la mesa de la ministra (o ministro, si el proceso se alarga más allá de las elecciones y hay cambios en la cartera) tampoco está claro. Desde UGT han realizado una estimación promedio y han cifrado en 6.500 euros los que un trabajador debería abonar para cubrir esos dos años pendientes. Una cuantía que muchas personas que quedaron en paro tras el crash económico del 2008 puede que no puedan (o quieran) reunir. "No siempre coincide quién más lo necesita con quién tiene más posibilidades de acogerse", reflexiona la secretaria de políticas sociales de UGT, Mari Carmen Barrera.

Desde la central consideran que el momento de tirar adelante este proyecto hubiera sido en el mes de septiembre, antes de las elecciones generales y cuando las mesas de diálogo social, donde el Gobierno debate con patronales y sindicatos, todavía estaban abiertas. "La recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años hubiera sido una buena oportunidad para abordar una reforma integral del desempleo de larga duración producido tras la crisis", reflexiona Barrera.