El Ministerio de Trabajo revisará el sistema de cálculo de las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial para determinar si este genera un sesgo sexista contra las mujeres. Así lo anunció ayer en un comunicado después de que el día anterior se publicara una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que este veía una posible discriminación indirecta en la norma debido a que la mayoría de jornadas parciales las realizan mujeres.
La secretaría de Estado de la Seguridad Social realizará durante los próximos dos o tres meses un estudio para determinar, desde una perspectiva «social y legal», según trasladan fuentes del Ministerio, si realmente existe dicha discriminación. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2019, del total de horas a la semana trabajadas a tiempo parcial, el 75,2% de estas las realizaron mujeres.
En la sentencia hecha pública el pasado miércoles, la Corte de Luxemburgo consideró que existe la posibilidad de que las jornadas a tiempo parcial estén doblemente penalizadas, en comparación con los trabajadores que realizan horarios a tiempo completo. Ello pasaría incluso tras la modificación normativa que se realizó en el 2014 posterior a otra sentencia del TJUE.
Por un lado, las bases de cotización para los trabajadores a tiempo parcial son más reducidas que las que computan a los empleados a jornada completa. Y, por el otro, el coeficiente que se atribuye a las fórmulas parciales, y que se introdujo en el 2014, supone aplicar una proporción de 1,5 a los periodos cotizados respecto a los de jornada no completa. Es decir, por cada año trabajado a tiempo completo equivale a 1,5 años a tiempo parcial.
PROPUESTA DE REFORMA / Si el estudio del Ministerio finalmente determinara que existe una vulneración al principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema de cálculo de la pensión para los trabajadores a tiempo parcial, fuentes del Ministerio afirman que se pasaría a elaborar una propuesta de reforma para que el próximo Gobierno que se constituya pudiera llevarla a cabo.
El Ministerio de Trabajo se avanza así a una posible avalancha de demandas, tras conocerse el pasado miércoles el fallo del TJUE. Este, dada la persistencia en el tiempo de la que da fe la EPA sobre la parcialidad femenina, instaba al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desde donde se elevó el caso, a evaluar si los datos de parcialidad eran «válidos, representativos y significativos». De ser así y dado que los fallos del TJUE generan jurisprudencia, los magistrados castellanoleoneses deberían fallar en favor de todo demandante con dicha casuística que llevara su caso a los tribunales.
