El martes 5 de diciembre los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea (UE) deberán pasar a la acción y adoptar la primera lista negra europea de paraísos fiscales, en la que identificar las jurisdicciones internacionales que no cooperan en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Un ejercicio crucial, según Bruselas, para recuperar la credibilidad perdida tras los recientes escándalos que han destapado la existencia de prácticas sistémicas y globales de ingeniería fiscal agresiva, para provecho de grandes fortunas y multinacionales que han conseguido eludir así el pago de millones en impuestos.

Bruselas lanzó los trabajos hace más de dos años con una propuesta de criba de 92 jurisdicciones y tres criterios comunes para determinar quién coopera y quién no: la existencia de transparencia fiscal, una fiscalidad justa y seguimiento de las líneas directrices en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde entonces, la pelota ha estado en manos del llamado grupo del Código de Conducta, un equipo de expertos formado por representantes técnicos de los 28 que ha generado suspicacias en la Eurocámara por su secretismo.

Mañana estos expertos pasarán la pelota a los embajadores permanentes de la UE para que terminen de cocinar la propuesta que tendrán que aprobar por unanimidad los 28. Los temores a que la presión política rebaje la ambición han aumentado y diversas fuentes apuntan por ejemplo que «Suiza y Estados Unidos» quedarán fuera mientras que las islas que han sufrido recientemente el azote de huracanes podrían recibir tiempo extra para adaptar su legislación.

De momento no ha trascendido el número de países terceros que recibirán la reprimenda europea por no cooperar pero, según explicó el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, «algunos países» ya han modificado sus legislaciones para cumplir los estándares europeos.