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tributación

La Unión Europea lleva ante la justicia a la hacienda española

Bruselas cuestiona las sanciones por no declarar los bienes en el extranjero

 

Silvia Martinez
07/06/2019

Nuevo frente contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea ha decidido denunciar a las autoridades españolas ante la máxima corte europea por imponer «sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles» que no comuniquen, a través del modelo 720, los activos que tienen en otros estados miembros.

Bruselas activó el procedimiento de infracción en noviembre del 2015 y en febrero del 2017 lanzó un ultimátum. «Dado que España aún no le ha dado cumplimiento, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE», han anunciado en un comunicado.

El modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes que exige a los contribuyentes residentes que notifiquen los activos que poseen en el extranjero por valor de más de 50.000 euros, lo que incluye desde propiedades hasta activos financieros, cuentas bancarias o seguros. De no presentar la información a tiempo y en su totalidad, uno se expone a sanciones superiores a las que se aplican a infracciones similares en una situación nacional. Es más, el castigo puede incluso llegar a superar el valor de los activos en el extranjero.

El Ejecutivo comunitario considera que las multas, por un incumplimiento incorrecto o tardío de la obligación de informar a Hacienda, son desproporcionadas y discriminatorias ya que pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular dentro del mercado único. Es más, Bruselas estima que las disposiciones de la normativa española vulneran cinco libertades fundamentales de la UE: desde la libre circulación de personas, hasta la de trabajadores, establecimiento, libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Fue un bufete de Palma de Mallorca, DMS Consulting, quien presentó en el 2013 la denuncia contra la obligación prevista en la normativa española y origen del procedimiento sancionador que tendrán que dirimir los jueces del Tribunal de la UE.