El Gobierno sigue adelante con las reformas guardadas en un cajón cuando el coronavirus paralizó la actividad economía en todo el país. Una de las principales es su férrea apuesta por la transición energética. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo decreto ley de medidas energéticas con el que se dispone a pinchar la burbuja renovable. Una nueva norma con la que también da vía libre a un nuevo modelo de subastas verdes que permitirá trasladar al consumidor el ahorro de las renovables. En el nuevo sistema de pujas gana el que ofrezca el mejor precio fijo a largo plazo por la energía generada con el objetivo, no solo de fomentar la instalación renovable, sino también de reducir el precio de la electricidad y, así, bajar la factura. «Este sistema permite trasladar al consumidor de forma directa los ahorros que supone producir electricidad renovable y, además, garantiza previsibilidad y estabilidad de ingreso a los inversores», defendió la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su comparecencia tras la reunión de ministros.
Ribera da carpetazo al sistema de Álvaro Nadal (anterior ministro de Energía) que fue «concebido y diseñado pensando que generar un kilovatio-hora de renovable costaba más que el precio con el que se vendía en el mercado». Pero la situación actual es justo la contraria. Las nuevas convocatorias «deberán estar orientadas a la eficiencia en los costes» y se podrá distinguir entre distintas tecnologías en función de sus características técnicas, tamaño, gestionabilidad, o madurez tecnológica, entre otros. La nueva norma también habilita al Gobierno a tirar de la hucha de alrededor de 1.000 millones generada con los superávits acumulados por el sistema eléctrico. El objetivo es garantizar la liquidez de las eléctricas en los ejercicios del 2019 y el 2020, cuando se prevé que se produzcan déficits. Este año, la cuenta será negativa por el impacto del covid-19, con una caída de la demanda eléctrica del 20% durante el confinamiento. Además, está fórmula evita engordar más la deuda. El recibo de la luz es un complejo cúmulo de cuantías que incluye, además del precio de la electricidad, la deuda del sistema eléctrico acumulada durante 14 años (hasta 2014) y que se eleva a más de 16.000 millones. En el 2014 se inició una senda de superávit hasta el 2018 y se generó una hucha que debe servir para pagar la deuda, pero que ya en otras ocasiones ha servido a otros fines.
