El Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno a la tramitación como proyecto de ley de la llamada tasa Google, el impuesto sobre determinados servicios digitales que gravará a las empresas digitales con ingresos superiores a 3 millones de euros en España y 750 millones a nivel internacional. El Gobierno prevé ingresar 968 millones de euros al año con este tributo después de su entrada en vigor, en principio, a partir del 20 de diciembre.

En su debate, el pleno del Congreso tumbó las tres enmiendas de veto en contra del proyecto del Gobierno que había presentado PP, Vox y Ciudadanos con 198 en contra y 148 a favor. De este modo el proyecto de ley puede seguir adelante con su tramitación parlamentaria.

Para rechazar las enmiendas que pedían la devolución del texto al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos contaron con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts, PNV, EH-Bildu, Más País, las CUP, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG. Por su parte, UPN, socio electoral de PP y Ciudadanos en Navarra, sumaron sus votos a los que pedían frenar el impuesto.

El proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, y según defendió ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, «responde a la necesidad de hacer frente a los retos que desde el punto de vista fiscal plantea la digitalización de la economía». El tributo conlleva un tipo del 3% sobre los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Montero recordó que España tiene ingresos fiscales del 37% en relación al producto interior bruto (PIB). «Somos el país con menos recaudación de la eurozona. La aplicación de este impuesto es una verdadera necesidad», insistió la ministra. El Gobierno español sigue adelante con el proyecto a pesar de las amenazas de sanciones arancelarias de Trump. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció el martes que ha abierto una investigación contra la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a estos impuestos digitales.