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Análisis

Sé lo que hiciste, Mariano

 

Jordi Turull, ayer en el Congreso. - DAVID CASTRO

Javier Aroca
21/05/2019

No he podido evitar recordar aquel programa de televisión. Recuerdos de un tiempo torpe, desde el punto de vista político; hoy pagamos las consecuencias. En octubre del 2012, tras la iniciativa del Gobierno catalán de convocar elecciones anticipadas con la consulta de autodeterminación sobre la mesa, el sabio constitucionalista Francisco Rubio Llorente publicó el artículo Un referéndum para Cataluña en el diario El País. El título no es lo más importante, lo era que, ante la inoportunidad, Rubio Llorente ponía cordura, también abría caminos y se temía lo peor. «Ni la menor torpeza de las razones», escribía, «permiten al Gobierno ignorarlas ni lo dispensan de tomar a su vez las medidas necesarias para encauzarlas pacíficamente, y hasta ahora no ha hecho gesto alguno en este sentido».

Efectivamente, Mariano Rajoy no solo no hizo nada, el don Tancredo, sino que puso en juego a todo el aparato judicial para acometer un problema que, entonces sobre todo era puramente político.

Rubio Llorente advertía que el paso al Tribunal Constitucional empeoraría la dañada imagen del árbitro supremo. No podía imaginar que toda la justicia española quedaría malparada con la inhibición e irresponsabilidad del Gobierno.

El poder ejecutivo, no supo o no quiso, dio el pase al poder judicial, que cayó en la exuberancia y exageración. Ahora titubea y, para cerrar el círculo del desprestigio del Estado, pasa la escoba al poder legislativo, señalando a la Mesa del Congreso como protagonista del penúltimo acto de la desaliñada intervención del Estado en la proclama catalana.

Los presos independentistas, parece que hemos llegado a un acuerdo en su denominación, están presentes en el Congreso y Senado. La derecha habla de escarnio, bochorno o provocación, mientras que la izquierda habla de sintomatología propia de un sistema democrático. No olvidemos que los presos electos están en prisión provisional, no condenados; solo con la contumacia patriótica de los jueces en incluir el delito de rebelión, contestado por la doctrina y por tribunales europeos, se desborda la situación de los acusados.

No olvidemos tampoco que, según algunos constitucionalistas, como Javier Pérez Royo, desde la fecha misma de las elecciones generales, conocido el resultado, los presos se encuentran en flagrante inconstitucionalidad. Inmersos en un popurri de suspensiones, derechos fundamentales constitucionales en juego, suplicatorios y, sobre todo, de desconcierto judicial. Desconcierto que no mejora al sentirse la justicia española observada e incómoda. La convocatoria buenista por un histriónico juez Marchena a fiscales, abogada del Estado y defensas de los acusados para preparar la fase final del juicio no hace sino dejar constancia de todo este embrollo procesal.

Diga lo que diga la Mesa del Congreso, el desafuero continuará. No ha hecho falta sentencia para convertir la torpeza del Estado en una monumental valla publicitaria electoral para los acusados y el independentismo, en suma. Los tres poderes salpicados y don Mariano en el Registro de la Propiedad.