Un año desastroso

El temporal de lluvias fuertes y continuadas con inundaciones en algunas zonas del pasado mes de diciembre, acompañado de viento e incluso pedrisco, ha dejado unas pérdidas directas en el campo castellonense de más de 32 millones de euros, cuantía a la que habrá sumar otra serie de pérdidas indirectas y también las ocasionadas por los efectos de la grave sequía y la de otras adversidades climatológicas que ocurrieron a lo largo del año. La próxima semana podría haber fuertes heladas si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

El 2016 ha sido un año desastroso, pues hemos pasado de un periodo de extrema sequía a episodios de temporales. El cultivo con mayor número de pérdidas es el de los cítricos en una campaña que está siendo nefasta, seguido de la hortaliza o el olivar.

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana reaccionaron rápidamente anunciando una línea de ayudas, aunque dirigidas a la reparación de las infraestructuras fuertemente afectadas por los temporales; no se ha establecido por el momento ninguna para compensar directamente a los agricultores y ganaderos afectados. En este sentido, desde La Unió reclamamos apoyo para que puedan recuperar su capacidad productiva que se ha visto gravemente afectada por los daños sufridos en sus explotaciones, pues ya se avanza una elevada pérdida de renta.

De este modo, hemos propuesto un paquete de medidas a las dos administraciones, algunas de competencia estatal y otras autonómica, que podrían servir a los afectados a superar este episodio climatológico que tantos daños les han causado.

Entre ellas destacamos impulsar la declaración institucional de les Corts de apoyo al sector y la reivindicación de más inversión en infraestructuras agrarias, a la que se deberían adherir la Diputación de Castellón y los ayuntamientos de la provincia.

También la concesión de ayudas del Estado (ayudas de minimis), de 15.000 euros por empresa agraria en tres años según el reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión de 18 diciembre 2013. Por otro lado, proponemos la reducción del módulo en el IRPF para producciones y zonas afectadas; y la condonación del pago del IBI de las parcelas cultivadas. Al tratarse de un tributo local, se solicita que la pérdida de ingresos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales sea compensada con cargo a los presupuestos generales del Estado. Otra de las medidas que pedimos es la bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social durante ocho meses.