En un contexto internacional de desaceleración económica y máxima competencia, el control de los costes es un factor diferencial que puede permitir a una empresa hacerse con una cartera de pedidos que otra con un impacto mayor en su precio final no logrará.

Con esta premisa, la factura energética es una de las fundamentales para la industria cerámica española, afincada en su mayor parte en la provincia de Castellón, y es un área sobre la que pesan, además, incógnitas cruciales para el sector.

Una de las primordiales --dado que, como ha señalado el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, «no hay en estos momentos alternativa para el gas»-- es la que pesa sobre los peajes para el consumo de esta fuente energética, de uso masivo en el azulejo.

Se espera que, en breve, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reúna para estudiar, de nuevo, la circular de los peajes, después de que las once patronales de los grandes consumidores de gas, incluidas Ascer y Anffecc, presionaran para frenar una normativa que suponía incrementar la factura en vez de reducirla como estaba previsto en principio.

activos amortizados

De no modificarse la propuesta de Competencia, no solo se mantienen las sobrerretribuciones a las empresas gasistas, por las que en el periodo regulatorio 2021-2026 se seguirá pagando a estas firmas 586,4 millones de euros anuales por activos ya amortizados, con un único avance que pasa por actualizar gradualmente 239 millones de euros al final del periodo regulatorio; sino que supone un incremento de los costes para las azulejeras y el resto de grandes consumidores, según han ratificado desde las firmas.

Además, están en el aire todavía las retribuciones para las plantas de cogeneración castellonenses --cerca de treinta en el sector cerámico--, lo que suma un factor más de incertidumbre, salvo que el nuevo Gobierno no apure el plazo que se ha dado hasta el próximo 28 de febrero para resolver la cuestión.

Lo que sí es una certeza es la estimación de la patronal cerámica Ascer de que el coste total del comercio de emisiones para los próximos cinco años alcanzará los 200 millones de euros para el sector, como consecuencia del incremento del precio de los derechos y las políticas cada vez más restrictivas.