Malos tiempos vienen sin duda para la nueva Política Agraria Común. La Comisión Europea acaba de presentar el conjunto de las orientaciones de la comunicación sobre la nueva PAC después de 2020, fecha en la que cuando nos descuidemos ya estaremos, y la cosa no pinta bien.

Las medidas propuestas supondrán, de confirmarse, un fuerte recorte de las rentas de los agricultores y ganaderos castellonenses, ya que se prevé un sustancial incremento de la competencia desleal para el mercado único al fomentarse las importaciones de países terceros. En este sentido, dificultarán que nuestros agricultores hagan frente a los retos que se nos exigen cada vez más acerca de la seguridad alimentaria, del uso sostenible de los recursos y del crecimiento.

Es inviable para la competitividad de nuestra agricultura y ganadería añadir más obligaciones a las normas de producción europeas, puesto que en la actualidad ya tenemos una gran competencia desleal con las importaciones de países terceros que no tienen que cumplir las estrictas normativas comunitarias de producción. El problema es que la comunicación de la Comisión Europea reconoce esta situación, pero lejos de proponer medidas para equilibrar la situación al mercado único, sólo advierte que continuará negociando nuevos acuerdos internacionales a favor del libre comercio, y que la ciudadanía europea reforzará sus demandas de seguridad alimentaria, calidad, sostenibilidad y bienestar animal.

Aparte de todo eso las autoridades europeas barajan la cofinanciación de la Política Agrícola Común (PAC) como una opción de las negociaciones sobre el presupuesto y el Brexit que actualmente se está negociando, si bien en sus últimas propuestas ya se maneja la hipótesis de un recorte de fondos. Y cuando el río suena…

Es injusto que encima de no adoptar medidas suficientes para paliar las crisis del mercado, se pretenda que el Estado y la Generalitat Valenciana deban contribuir económicamente cuando una herramienta de estas características tendría que estar financiada íntegramente por la Unión Europea.

También es imprescindible la actualización de la normativa sobre competencia para dotar a las distintas Administraciones de medidas más eficaces para evitar, perseguir y sancionar las prácticas abusivas y desleales que se imponen en la cadena alimentaria por parte de los oligopolios de la distribución y por una parte de la agroindustria. En este sentido hay que establecer, para sectores como el nuestro, con una demanda inelástica, una definición de posición de dominio mucho más baja que la de productos con demanda elástica y, redefinir la venta a pérdidas, que tiene que incorporar, en el precio de compra del producto, los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos.

En este nuevo proceso de debate trataremos de influir para que nuestros gobernantes defiendan una PAC más equilibrada en cuanto a la diversidad de los sistemas productivos de la Europa mediterránea. Es nuestra misión y lo intentaremos al menos, aunque la decisión final ya no dependerá de nosotros.