La política estatal, pese a que disponemos de la mayor parte de competencias transferidas, nos afecta más que menos. En primer lugar porque la política agraria se decide en Bruselas y es el Estado miembro quien la gestiona y aplica en su territorio. Por tanto, nos compete -y mucho- lo que apruebe el Consejo de Ministros y entre esas cosas el presupuesto agrario.

Del proyecto de presupuestos de Agricultura para este año destacaríamos el bajo grado de ejecución de los últimos años, la disminución del peso de agricultura y la ganadería respecto a otros capítulos del global, y la escasa fiabilidad que representan.

El Ministerio de Agricultura parece renunciar a políticas propias dejando la agricultura estatal en manos de Europa, ya que el 80% de lo presupuestado proviene de fondos europeos. Así mismo, y a pesar de las necesidades del sector, resaltar el bajo nivel de cumplimiento de los presupuestos del Gobierno, que en 2015 dejaron sin gastar 2.983 millones; en 2016 1.138 millones y en 2017 otros 1.287 millones; arrojando una media de 1.800 millones de euros en cada ejercicio. ¿Será por dinero?

En el detalle presupuestario para este año, cabe destacar la desaparición de la partida de cerca de 4 millones de euros que iba destinada a la ayuda nacional a los frutos secos, debiéndose además a los agricultores las cantidades de los dos años anteriores, por lo que LA UNIÓ reclama soluciones para estos productores muy importantes en nuestra provincia.

Si grave es lo anterior aún lo es más que se congelen las asignaciones para sanidad animal y vegetal, pese a que las necesidades evidenciadas en el sector, por ejemplo, en materia de la expansión de la Xylella fastidiosa. Si ya estaba presente en las Baleares y en la Comunitat Valenciana, en apenas dos semanas se han sumado las comunidades de Madrid y Andalucía. Cuando más hay que luchar para prevenir esta dañina y devastadora bacteria es cuando el Gobierno se desentiende del problema como si no fuera con él la cosa.

Otra enmienda presentada por parte nuestra insta al Ministerio de Fomento y al de Agricultura a adoptar medidas de limpieza y prevención de las infraestructuras públicas y del dominio público hidráulico, donde los conejos encuentran refugio y desde donde atacan a los cultivos. No hace falta señalar los problemas que ocasiona la fauna en nuestra provincia y todas las Administraciones -estatal y autonómica- deberían concienciarse de la obligación de actuar para frenar esta plaga de modo que sea posible una convivencia sin problemas para nuestros cultivos.

También me gustaría poner énfasis en que la Ley de Presupuestos consolida la discriminación que sufren los agricultores y ganaderos en la valoración de las construcciones que son indispensables para la realización de su trabajo, como almacenes o naves, al someterles a la misma valoración y por lo tanto al mismo trato fiscal que a naves industriales, sin tener en cuenta el valor socioeconómico de rendimiento. Nosotros estamos dispuestos a pagar el IBI con criterios justos y equitativos, como todos, pero no se puede, por ley, mantener una discriminación que llevamos denunciando desde hace demasiado tiempo y que está basada en criterios, a nuestro juicio, equivocados.