Cada vez son más los ayuntamientos y comunidades autónomas que están trabajando para implantar una contratación pública socialmente más responsable y económicamente sostenible. Lo que subyace es la idea de que los contratos públicos no son únicamente un medio para satisfacer las necesidades de productos o servicios de las administraciones en los que debe resultar adjudicataria aquella empresa que los oferte a un menor precio, sino que también se trata de mecanismos eficaces para avanzar en la justicia social. Ayuntamientos como Castellón, Avilés, Pamplona, Córdoba, Valladolid, Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Bizkaia, Generalitat de Catalunya, Junta de Castilla y León o el Gobierno de Aragón llevan años implantando una contratación pública más responsable, e incluso el Gobierno valenciano lleva varios meses trabajando con el fin de revisar los pliegos de contratación e introducir unas cláusulas sociales que favorezcan nuevas fórmulas de gestión socialmente responsable.
Alcanzar una contratación socialmente responsable debería ser una obligación para todas las administraciones públicas y también para las empresas que contratan con la administración. Y para ello resulta imprescindible incorporar en todos los procedimientos de contratación cláusulas que establezcan objetivos específicos de política social.
La contratación socialmente responsable, que apareció como una excepción en muchas administraciones públicas, se va extendiendo de manera imparable con el nuevo municipalismo y los cambios de gobierno en mucha comunidades autónomas y también fundamentalmente impulsada por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, que requiere a los Estados a adoptar medidas efectivas para garantizar en la ejecución de los contratos el cumplimiento de los compromisos sociales legal y convencionalmente establecidos lo que zanja cualquier tipo de duda sobre la legalidad de las cláusulas sociales dejando meridianamente claro que la contratación publica no es tan solo un medio para conseguir productos y servicios de la manera económicamente más ventajosa para la administración, sino que se trata también de un instrumento al servicio de las administraciones públicas dirigido a alcanzar una mayor cohesión social, una redistribución más justa de la riqueza y mayores cotas de igualdad y justicia social.
La contratación pública desempeña un papel fundamental para lograr un alto nivel de empleo y de cohesión social, ya que al representar cerca del 20% del PIB de la Unión europea y el 18,5% del PIB de nuestro país, puede contribuir activamente a implementar las políticas de la UE en materia social, medioambiental, de innovación y de promoción de la actividad económica y todo ello sin obviar los objetivos propios de la contratación pública. Además en estos momentos, y especialmente en nuestro país, puede jugar un papel fundamental para el futuro de miles de pequeñas y medianas empresas ya que esta Directiva insta a las administraciones publicas a dividir los contratos en lotes con el objetivo de fomentar la participación de las pymes los procedimientos de contratación, algo que hasta la fecha resultaba tremendamente difícil especialmente en las grandes ciudades y en las Comunidades autónomas.
Lamentablemente la transposición de la Directiva europea aún no se ha producido en nuestro país, y aunque durante la última legislatura se presentó un anteproyecto de ley de contratos del sector publico que pretendía aplicar la norma europea a nuestro país y que parecía avanzar en la obligatoriedad de la inclusión de consideraciones sociales en los contratos públicos la situación política hace pensar que esta cuestión quedará pendiente para el próximo gobierno. Una tarea más, pero absolutamente necesaria para pasar del voluntarismo en la inclusión de cláusulas sociales a una obligatoriedad que las convertiría en uno de los instrumentos más eficaces para avanzar una economía con alto nivel de empleo y de cohesión social. H
*Secretario general UGT-CS
