Hace más de treinta años que coexisten en nuestro país dos modelos de impartición de la educación. En este tiempo, nuestros políticos no han sido capaces de firmar un pacto educativo de largo recorrido que dé estabilidad a este sistema educativo.

Demasiadas leyes de educación no consensuadas sistemáticamente en sus fundamentos por unos y otros han dado como resultado un fracaso escolar desmesurado, (uno de cada tres alumnos no finaliza la Educación Secundaria Obligatoria), unos muy pobres resultados en las pruebas según el informe PISA que nos colocan en los puestos de cola en relación a los países de nuestro entorno en cuanto a destrezas y conocimientos. Y lo que es peor, una situación de enfrentamiento ideológico constante que cada cuatro años más o menos provoca que la educación esté en la palestra, como ocurre en la actualidad.

Los padres, como primeros educadores, están pidiendo desde hace años que los políticos se pongan de acuerdo y se sienten las bases para conseguir una educación de calidad para todos, que no cambien los contenidos curriculares según quien gobierne, añadiendo o eliminando asignaturas a las que unos y otros atribuyen contenido ideológico, que haya un mínimo de enseñanzas obligatorias en todo el Estado que permita a los alumnos poder acceder a formación reglada fuera de su comunidad autónoma en igualdad de condiciones.

Los progenitores también piden a sus representantes que lleguen a pactos que permitan un reparto equitativo de los recursos que se destinan a educación, de tal modo que todos los españoles, pagadores de impuestos en función de su capacidad económica, tengan los mismos derechos en uno de los servicios básicos garantizados por el Estado.

Derecho reconocido para todos que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, ha de contemplar necesariamente el de las familias a elegir el centro docente en el que escolarizar a sus hijos acorde a sus preferencias. Todos deben poder optar en igualdad de condiciones y con los mismos criterios de baremación, tanto a los de oferta pública como a los de privada concertada, sostenidos ambos con fondos públicos en su totalidad.

En toda negociación, los implicados han de tener voluntad de llegar a un acuerdo y necesariamente han de ceder parte de sus pretensiones, todas ellas legítimas pero que han de convivir necesariamente con las del resto de actores implicados.

Las familias debemos exigir a nuestros representantes políticos que se sienten de una vez con espíritu conciliador y suscriban este gran acuerdo que tenga una durabilidad en el tiempo de varias décadas, como ocurre en Europa, y que la educación sea noticia por innovar, por acercar a los estudiantes a la aldea global en la que se ha convertido nuestro planeta y los prepare para afrontar con los principios y las destrezas adquiridas durante su etapa de estudiantes el reto que supone la incorporación al mundo del trabajo globalizado.

A pesar de lo dicho anteriormente, si ellos no son capaces de llegar a ese acuerdo en el que todos quepamos, la sociedad civil implicada lo conseguiremos con más premura y eficiencia. De eso tengo la total seguridad.

*Presidente Concapa Castellón