Los poderes públicos intentan reparar desde hace tiempo la gran lacra que lleva por nombre la España vaciada, haciéndolo desde muy diversos ámbitos. Si bien resulta excesivamente ambicioso intentar en este espacio diagnosticar el problema y pretender dar posibles soluciones, lo cierto es que recuperar el medio rural se ha convertido hoy en un imperativo necesario y a su vez en un gran desafío.
Los registradores de la propiedad del interior de la provincia de Castellón han sido siempre sensibles al drama que viven muchos pueblos, manteniendo un compromiso firme en la recuperación y la defensa del medio rural. No se puede olvidar que el interior de Castellón es una de esas zonas de España que padecen ese mal del que hablamos: la despoblación.
Como institución de servicio público que es, el Registro de la Propiedad trata a todos los españoles por igual, con independencia de si el usuario es un habitante de la ciudad o un vecino de un pueblo. La propia Constitución Española consagra en su artículo 14 el principio básico de igualdad, que se expande también a otros artículos como el 130, que obliga a los poderes públicos a «velar por la equiparación del nivel de vida de todos los españoles».
Si nos atenemos a un concepto material de igualdad, ello equivaldría a tratar a cada uno según sus circunstancias. A este concepto se refiere el artículo 9.2 de la Constitución, que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional como un correctivo del principio de igualdad formal del citado artículo 14, haciendo hincapié en la necesidad de que no se trate a todos los individuos de la misma manera, sino que se trate de forma diferente a aquellas situaciones que son distintas en la vida real.
ES OBVIO que no pueden existir registros de la propiedad en todos los pueblos del interior de nuestra provincia, algunos de los cuales, como Xodos, cuentan con una población de alrededor de cien habitantes en invierno. No obstante, sí que deben existir registros de la propiedad en los pueblos que antiguamente se venían a llamar la cabeza de partido y que dan servicio a todos los municipios de su circunscripción. Actualmente, seis oficinas registrales ubicadas en los municipios de Albocàsser-Morella, Lluçena, Sant Mateu, Segorbe y Viver dan servicio a más de cien pueblos del interior de Castellón, que se encuentran a una distancia media del registro inferior a 30 kilómetros, lo que convierte al Registro en un servicio público muy próximo e inmediato.
En estas oficinas, los vecinos pueden resolver muchas dudas y problemas. Además de garantizar la legalidad de los negocios que recaen sobre las fincas y la publicidad de las titularidades de las mismas, los registradores proporcionan seguridad al tráfico jurídico inmobiliario, dada su faceta de profesionales del Derecho. En muchas ocasiones se convierten en referentes accesibles para los vecinos que acuden a sus oficinas en busca de asesoramiento. Su labor permite, por ejemplo, inscribir rectificaciones descriptivas de las fincas, registrar fincas no inscritas, declarar obras nuevas u orientar para que el negocio que se plantea pueda llevarse a cabo con todas las garantías. Los registradores ejercen también de mediadores para resolver conflictos vecinales que pueden ser frecuentes en zonas rurales, en cuestiones controvertidas como deslindes, servidumbres, dobles ventas, identificación de fincas...
AL PRESTAR un servicio público próximo y de calidad, los registros contribuyen a minimizar los efectos de la despoblación. A ello contribuye también la incorporación a los registros de las nuevas tecnologías, como el registro electrónico (para solicitar información sobre las fincas, presentar documentos privados...), la digitalización de documentos o la firma electrónica, que son ya una realidad. En este sentido no hay diferencias entre un Registro de ciudad o de una zona rural. Se disminuye por tanto la brecha digital que tradicionalmente ha penalizado a los pequeños pueblos en detrimento de las grandes ciudades.
Otra realidad a la que no son ajenos los registros son los desafíos a los que se enfrenta el mundo rural; cambio climático, protección de la biodiversidad y ordenación sostenible del territorio. Así, el Registro ofrece información sobre limitaciones de uso de terrenos relacionadas con la protección del medio ambiente, la presencia de aguas subterráneas en una finca, la proximidad de un acuífero o humedal o el riesgo de inundación... A ello se suma la colaboración con las administraciones locales en materia de urbanismo, con una labor de asesoramiento en los proyectos de reparcelación y ordenación del territorio.
*Delegada provincial en Castellón del Decanato Autonómico de los Registradores de la Comunitat Valenciana
