Si en el escrito de la semana pasada nos referíamos al primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, hoy nos centramos en un tema que está intrínsecamente vinculado a él: el derecho a una educación digna. Un ejercicio correcto de este derecho implica a todas las instancias sociales, especialmente a la familia, al Estado y, para los cristianos y aquellos que lo quieran, también a la Iglesia.

Los padres son los primeros que tienen el deber de procurar a sus hijos una educación digna. Junto con este deber, tienen el derecho de elegir para ellos la educación que consideran más adecuada de acuerdo con sus principios morales y religiosos.

El Estado tiene el deber de garantizar unos mínimos comunes para todos y el derecho que asiste a los padres para elegir libremente la educación que consideren conveniente para sus hijos, y de procurar una educación en aquellos casos en que los padres no cumplan con su deber. En la protección de estos derechos el estado no hace un favor a los padres.

Aunque la educación de los niños y jóvenes es más amplia, no hay duda de que uno de los ámbitos que serán más decisivos para su futuro es el centro educativo. Los padres no pueden olvidar que esta decisión es muy importante para sus hijos y no pueden eludir su responsabilidad en la elección del colegio que consideran más adecuado, según sus convicciones morales y religiosas, y también en el seguimiento del proceso educativo de los hijos. La primera obligación de las autoridades educativas es garantizar el cumplimento de estos derechos.

Como obispo quiero animar a los padres cristianos a que consideren la importancia que la asignatura de religión, que todos los centros educativos tienen obligación de ofertar en los niveles que establece la ley, puede tener para el desarrollo cultural y personal de sus hijos. Nuestro universo está determinado por el cristianismo. H

*Obispo de Tortosa