La Comunitat Valenciana lidera por segundo trimestre consecutivo la estimación de crecimiento del PIB de las comunidades autónomas. Durante el cuarto trimestre del 2018, nuestra comunidad fue la que más creció de España, junto con Baleares, respecto al mismo periodo del año anterior. Exactamente un incremento del 2,7%. Es decir, que la Comunitat Valenciana tiró del carro de la economía en España durante el pasado año.

No son estimaciones triunfalistas del president Ximo Puig. No. Lo ha dicho así Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que el pasado día 1 publicó la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el cuarto trimestre de 2018. Por cierto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es una institución pública independiente que empezó a funcionar en el 2014 y que tiene por objeto «velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo».

La valoración positiva que hace la AIReF de la realidad económica de la Comunitat Valenciana adquiere mucha más notoriedad si se compara con el pasado más reciente. Es un claro ejemplo, uno más, de esa incuestionable realidad que supone la recuperación económica y reputacional de la Comunitat que ha llegado de la mano del gobierno del president Ximo Puig.

Volver la vista atrás nos recuerda que la receta del PP llevaba irrevocablemente a la quiebra de la Generalitat. Se pasó de una deuda hasta el mandato de Lerma de 2.511 millones de euros a los más de 40.064 millones con el presidente Fabra. El PP multiplicó por 16 la deuda de la Generalitat valenciana. Además, ocultó casi 2.000 millones en facturas sin ningún control administrativo, por lo que tuvimos que pagar 19 millones de la multa impuesta por Bruselas por la manipulación de las estadísticas de déficit durante los más de 20 años de gobiernos del PP. Multa que el ministro Montoro cargó a los valencianos sin que el partido de Isabel Bonig rechistara los más mínimo.

UNA ETAPA de recortes salvajes en servicios esenciales como sanidad, educación y protección social, imponiendo copagos a las personas mayores y dependientes que en algunos casos se vieron obligados a abandonar los tratamientos. De ella se ha pasado a un escenario de recuperación de derechos, donde 1,2 millones de pensionistas ya no pagan esos medicamentos, hasta 411.000 familias no pagan los libros de texto, más de 74.000 personas están en el sistema de la dependencia que el PP mantuvo bajo mínimos, etc.

Se ha logrado crear un ecosistema amable hacia las inversiones, de estabilidad, diálogo y honradez, frente a la ciénaga de la corrupción que alteraba las reglas del mercado y perjudicaba a miles de empresas y pymes valencianas que competían en desventaja en un mercado trucado por el PP.

TODO ELLO PESE a que no se ha solucionado el agravio de la infrafinanciación. El president Ximo Puig mantiene firme la reivindicación de alcanzar un modelo justo de financiación y, de momento, ha conseguido del Gobierno de España que la infrainversión ya no sea un problema en los Presupuestos Generales de 2019 que, por primera, vez contemplan el 10% de la inversión estatal para la Comunidad. No es suficiente, pero es el camino.

Puig ha conseguido del Gobierno de España lo que el PPCV jamás logró ni de Rajoy ni de Aznar, porque no reivindicaban, agachaban la cabeza. Con la vergüenza añadida de que Rajoy y los diputados valencianos del PP votaron para Andalucía lo que negaron durante diez años para la Comunitat Valenciana: que el Estatuto de Autonomía blinde una inversión estatal acorde al peso poblacional. Ha tenido que llegar un Gobierno socialista a la Generalitat y a España para desbloquear este Estatuto y romper con otro agravio histórico.

Es un sarcasmo que ante esa realidad dirigentes del PP valenciano, entre ellos algún meritorio hijo político de Carlos Fabra, hablen de injusticias al tiempo que se oponen a los mejores presupuestos en décadas para la Comunitat. Son los mismos que el pasado año aplaudían con las orejas unas cuentas que, por cierto, contemplaban 450 millones de euros menos para los ciudadanos de la comunidad que dicen defender.

*Director Territorial de Presidència de la Generalitat en Castelló