España es el país de Europa, después de Italia, en el que el covid-19 avanza con más velocidad. Se trata, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una emergencia sanitaria de la que quedan por delante «semanas difíciles y duras». Ante esta realidad, el Gobierno, en coordinación con la Comisión Europea (CE), ha impulsado una amplia batería de medidas en los dos frentes de la crisis: el sanitario y el económico. Medidas, como enfatizó Sánchez, basadas en el momento actual, y que pueden variar según como evolucione la epidemia en los próximos días.

En el ámbito sanitario, es crucial cortar la cadena de contagio para evitar una saturación del sistema sanitario y que el coronavirus afecte a los colectivos más vulnerables, sobre todo los ancianos. Ayer se tomaron medidas de amplio espectro: la suspensión de todos los viajes del Imserso durante un mes, la obligación de jugar a puerta cerrada todos los encuentros deportivos de gran afluencia durante las próximas dos semanas (incluido el Barça-Nápoles de la Champions), la suspensión de los vuelos de Italia a España... A ello se le suman las medidas adoptadas en las zonas de mayor incidencia del virus (Madrid, Vitoria, Labastida, La Rioja), como la suspensión de las clases en todos los niveles educativos o la prohibición de celebrar actos en recintos cerrados que congreguen a más de 330 personas. En el ámbito cultural, empiezan a darse cancelaciones, como la del festival de cine de Málaga, primeros pasos de lo que se teme que será una cascada de anulaciones en el teatro y la música. En una decisión de amplio calado simbólico, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció el aplazamiento de las Fallas de Valencia y de las fiestas de la Magdalena de Castelló. La capital de la Plana verá, de este modo, una variación de sus fiestas fundacionales, como ya sucedió en el año 2004 por las elecciones generales, pero en aquel caso fue solo de una semana.

En el terreno económico, Sánchez anunció un plan de choque que incluirá medidas de protección a las familias afectadas por el cierre de centros educativos; garantizar el suministro de medicamentos y acceso a material sanitario; acciones para proteger el empleo en sectores que sufren caídas temporales de demanda; abrir líneas de crédito para asegurar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas; y medidas específicas para el turismo y el transporte. Todo ello, en obligada coordinación con los agentes sociales y la UE. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, anunció ayer la movilización de hasta 25.000 millones. La flexibilidad del Pacto de Estabilidad y excepciones a las ayudas al Estado son medidas razonables a nivel comunitario dada la magnitud de la crisis.

Es innegable que el virus ya afecta de forma directa a las rutinas de vida de toda España, y es de temer que estas disrupciones vayan en aumento. Para una correcta gestión de la epidemia por parte de las autoridades es capital la unidad. La información, la coordinación, la transparencia y el difícil equilibrio entre trabajar en la prevención y no caer en el alarmismo son las obligaciones de los gobernantes. La de los ciudadanos es colaborar con las medidas preventivas y entender y aceptar las disrupciones que van a proliferar aún más. Solo así se puede luchar contra el contagio. Está en juego la salud pública y el bienestar de los ciudadanos.