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ALBERTO IBÁÑEZ

«El informe sobre el centro de Segorbe es demoledor»

Secretario autonómico de Inclusión e Igualdad

 

El vila-realense Alberto Ibáñez es el número dos de Mónica Oltra en cuanto a Inclusión e Igualdad se refiere. - MEDITERRÁNEO

SARA RIOS
21/05/2017

El cierre del centro de acogida de menores de Segorbe, donde 18 niños han sido trasladados a otras residencias por «indicios de maltrato» y «conductas inapropiadas» ha puesto sobre la mesa la problemática que padecen algunos menores tutelados por la Conselleria. En la provincia de Castellón hay 155 niños residiendo en seis centros de acogida, dos de ellos, Plana Alta en Castellón y Plana Baixa en Nules, gestionados por las Hermanas Terciarias Capuchinas, la misma orden que administraba la residencia ahora clausurada. El asunto preocupa y mucho al tratarse de pequeños, que no pueden o no deben estar con sus padres, cuya tutela depende de la administración autonómica, que es quien debe velar por su cuidado y bienestar. El secretario autonómico de Inclusión e Igualdad, el vila-realense Alberto Ibáñez, repasa la situación de estos centros y analiza la problemática existente en este servicio público fundamental.

--¿Cuál es la situación de los seis centros de acogida de menores que funcionan ahora en la provincia de Castellón?

--El pasado 18 de octubre del 2016 hubo una reunión en la Dirección Territorial de Castellón con todos los centros del sistema de protección de personas menores de las comarcas de Castellón para indicar los protocolos y procedimientos que debían regir en los centros tanto públicos, mixtos como de entidades privadas. Una reunión importante, ya que en los últimos años no existía una coordinación real y liderazgo por parte de la Generalitat valenciana y cada centro de protección intentaba resolver y actuar de la mejor manera posible.

--Hay voces, en referencia al PP y la patronal que aglutina a las entidades gestoras de este servicio, que señalan que la decisión de cerrar el centro de menores de Segorbe puede haber sido precipitada. ¿Está justificado el cierre de estas instalaciones?

--Personalmente fue una decisión dura, pero hay que destacar que el traslado de los niños y niñas se basa en un informe técnico, de la Inspección de la Generalitat. Un informe demoledor. Hay que señalar que estos días la dirección del centro ha ratificado públicamente las duchas de agua fría a los menores (15 grados es la temperatura del agua de nuestra playa en invierno) o en el mismo informe reconocen que personas adultas acompañaban a los menores a recoger comida caducada. La respuesta debe ser si alguien dormiría tranquilo por las noches si sus hijos o sobrinas estuvieran allí. Yo pienso en mi sobrina y no lo estoy.

--¿En qué consisten las inspecciones que se realizan desde la Conselleria para supervisar que estos espacios cumplen con la normativa vigente?

--La Inspección es un servicio técnico independiente que se basa en la legislación estatal y autonómica de personas menores.

--De los 80 centros de acogida de menores tutelados de la Comunitat han inspeccionado 16 desde que accedieron al Gobierno. ¿Se van a intensificar los controles? ¿Se van a contratar más inspectores para ello?

--La desidia del antiguo gobierno fue absoluta. Afortunadamente, con el nuevo gobierno se ha aumentado el personal de Inspección. Con el presupuesto de 2017 cumpliremos por primera vez la ratio establecida en la Ley de Servicios Sociales. También hay que destacar la nueva instrucción de inspección de centros, que entre las novedades cuenta con escuchar a los niños y niñas, un derecho reconocido en la Convención de los Derechos de la Infancia.

--La patronal que aglutina a las entidades que gestionan este tipo de instalaciones denuncia un impago de cinco meses. ¿Cuándo se prevé resolver?

--Cuando hablamos de infrafinanciación y de la discriminación del Gobierno de Rajoy a los valencianos y valencianas hablamos de esto. La Generalitat está preparada, solamente hace falta que el Gobierno de España no chantajee con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aún así hay que destacar que la Conselleria de Igualdad está hablando con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que los centros gestionados por entidades privadas puedan tener liquidez mientras.

--Desde su departamento se apuesta por un nuevo modelo de centros de acogida. ¿Cuáles son los puntos principales del nuevo plan a poner en marcha?

--Un modelo hacia un paradigma feminista basado en la desinstitucionalización de los niños y niñas, con un aumento del 121% en las prestaciones económicas a las familias de acogida desde el 2015 y la emancipación joven con un aumento presupuestario del 63%. El primer cambio es intentar que los niños y niñas estén en las familias y garantizar que cuando cumplan los 18 años sigan atendidos por la Generalitat. Mientras tanto, o en el caso que el mejor recurso sea un centro de protección, hemos presentado el nuevo modelo con una bajada de la ratio y un aumento significativo de personal ( más de 410 nuevos puestos de trabajo) con nuevas figuras profesionales, como mediadores interculturales o agentes de igualdad, y una intervención social individualizada para cada persona menor de edad. Por último, me gustaría destacar la importancia en el nuevo modelo del derecho al ocio educativo y la participación con fórmulas como tutors entre iguals o las asambleas de infancia y adolescencia.

--Esta problemática ha puesto encima de la mesa la necesidad de contar con familias educadoras para que los menores, especialmente los que tienen menos de seis años, vivan con una familia. ¿Qué acciones se están realizando para incentivar que haya más familias voluntarias en la provincia de Castellón?

--Actualmente, hay una campaña en marcha Millor en família, acollir és crèixer para fomentar el acogimiento familiar. La valoración de la primera parte de la campaña es muy positiva, especialmente para las comarcas de Castellón.

--La Conselleria ya ha anunciado que se prevé cerrar el centro de acogida de menores de Penyeta Roja. ¿Cuál es el motivo?

--A fecha de hoy hemos consensuado con la Diputación, fruto de la buena respuesta de los y las castellonenses a la campaña de desinstitucionalización Millor en família, el que los niños y niñas vayan con familias educadoras. Ahora hay que trabajar en la segunda fase de la mano de la Diputación, como hemos hecho siempre, para buscar la mejor opción para este centro de acogida.

--El miércoles hay prevista una reunión con la diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz. ¿Cuál es el mensaje que se le prevé transmitir? ¿La Conselleria tiene intención de asumir los 25 trabajadores del centro que dependen, en estos momentos, de la Diputación de Castellón?

--La Generalitat está trabajando en mejorar la coordinación en las políticas sociales con las diputaciones. En concreto, con la Diputación Provincial de Castellón hay una buena relación. Seguiremos avanzando para dar la mejor respuesta y una buena solución pensando siempre primero en los niños y niñas, luego con los y las trabajadores. Por último, en las infraestructuras.