El conseller de Educación, el castellonense Vicent Marzà (Castellón, 1983), afronta un inicio de curso marcado por la polémica y por presión de la oposición, sobre todo tras la suspensión cautelar por parte del TSJCV de su decreto estrella de la legislatura, el plurilingüismo, y una vuelta al cole con menos alumnado y más profesorado en las aulas de Infantil a Bachiller, 91.223 en la provincia, más profesores, y tasas a la baja en la universidad.

--¿Cuáles van a ser ahora los tiempos, con el curso por delante, para obtener una resolución tras la aprobación de un decreto ley de urgencia en Les Corts?

-La Generalitat ha garantizado la normalidad absoluta en el inicio de curso y se ha cumplido. Aseguramos que las familias valencianas no se verían afectadas y lo hemos cumplido. Aseguramos que no supondría ningún caos para los equipos directivos y el profesorado y lo hemos cumplido. Hemos actuado con responsabilidad institucional. La realidad es que el pasado 11 de septiembre 91.223 alumnos iniciaron sus clases en toda la provincia en sus correspondientes programas lingüísticos, con más profesorado, libros gratuitos, 17 aulas de 2 años gratuitas, más becas y mejores condiciones para el profesorado. Y una apuesta irrenunciable por el plurilingüismo real.

--¿Ha sido el decreto ley la única forma de sortear la suspensión, aunque sea solo para alumnos de Infantil de 3 años y un curso?

-El decreto ley cumple los objetivos que la Generalitat quería alcanzar: seguridad en el inicio de curso para el alumnado, las familias y el profesorado valencianos, y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Es un instrumento normativo que ha garantizado el centro educativo que habían elegido las familias de alumnos de aulas experimentales de dos años y de Infantil de 3 años en el periodo de matriculación, y también un elemento que ha asegurado la buena organización interna por parte de los equipos directivos y docentes. Por eso pedimos sensatez a aquellos que han utilizado hasta ahora la educación como arma política arrojadiza a cualquier costa sin pensar en la comunidad educativa.

--El problema, ¿es el nivel de inglés o el de valenciano?

-Para la Generalitat las lenguas son una riqueza que no podemos malbaratar. Las lenguas son puentes de oportunidades y no armas de disputa. Cuantas más lenguas se dominen, mejor. Tenemos el deber y la responsabilidad de asegurar al alumnado el conocimiento real del castellano, el valenciano y el inglés. Y esto no pasaba con el antiguo gobierno, ya que el 100% domina el castellano, sólo el 30% el valenciano y un 6% el inglés. El modelo anterior es un fracaso. No renunciaremos a nuestro objetivo de garantizar el aprendizaje de lenguas y lo haremos con los instrumentos que hagan falta. El plurilingüismo enriquece y es un instrumento que promueve la comunicación y la proximidad interpersonal: genera oportunidades.

--11 frentes judiciales abiertos con recursos muy variados, desde el citado plurilingüismo a los conciertos o las becas universitarias, por ejemplo. Y un marcaje férreo desde la oposición, sobre todo el PP, que lo ha convertido en un caballo de batalla. ¿Cómo se afronta?

--Con calma y no entrando en batallitas partidistas estériles. El PP debería entender que pensar diferente es normal, que la política es apuesta, diálogo y no querer para todo cuando no se propone alternativa. Nosotros estamos aquí para trabajar por el alumnado y para garantizar la igualdad de oportunidades. Para nosotros la educación es un instrumento esencial para combatir las desigualdades sociales, ya lo hemos dicho. Hay quien confunde el término libertad con el concepto de privilegio, pero nosotros esas confusiones no las tenemos, y prueba de ello es que cumpliremos con nuestro objetivo de garantizar un plurilingüismo real, y ya lo hacemos con el objetivo de que el dinero de los valencianos no se despilfarre: concertamos lo que es necesario con criterios claros y objetivos, y mejoramos las becas universitarias. Por ejemplo, hemos creado las becas salario, únicas en el Estado, y hemos bajado las tasas de matrícula. No robar y gestionar por el bien común es nuestra principal diferencia con el pasado.

--¿Cuáles son las principales novedades del curso en Castellón?

-Para la Generalitat, el alumnado es el centro. El curso ha empezado con menos alumnos y más profesorado. Más becas y mejores condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades. La inversión por alumno ha aumentado un 12% y las comarcas de Castelló gozan de las ratios más bajas de todo el territorio, con una media de 21 alumnos por clase. Hay una mejor atención a los alumnos y más recursos, como los auxiliares de conversación en inglés que llegaran a los centros educativos a partir de 2018.

--Más profesorado, ratios más bajas y más inversión… ¿Se seguirá por este camino?

-Por supuesto, ese es el camino. Y mejores condiciones para el profesorado. Hemos dado un gran salto en formación de nuestros docentes. Tanto en inversión, con un aumento del 133% del presupuesto, como en plantilla de formadores y centros de formación. Contamos con tres Cefire en las comarcas de Castelló, dos en la capital y uno en Vinaròs.

--En la Universitat, se han rebajado las tasas este año un 7%. ¿Se bajarán aún más, una reivindicación ya histórica?

-Sí, este año hemos bajado la tasa universitaria un 7% y el próximo curso lo haremos un 8% más. Por tanto en el curso 2018/19 la tasa habrá bajado un 15%.

--¿Afectará eso a la financiación de los campus, y más específicamente, a la UJI? ¿Se podrá volver a una financiación precrisis?

-En julio presentamos, junto a los rectores de las universidades públicas valenciana, el Plan de Mejora del Sistema Universitario basado en cinco ejes: bajada de tasas, aumento de becas para el alumnado, mejora de las condiciones laborales del personal universitario, apuesta por un sistema de investigación potente y la creación de una comisión de expertos para establecer los criterios de reparto de la financiación universitaria. En la medida de lo posible hemos ido aumentado la financiación universitaria y hemos cumplido con los compromisos de la deuda histórica que dejó el antiguo gobierno. Por ejemplo, este año hemos consignado 163 millones de euros de deuda a las universidades frente a los 36 que se consigno para 2015. Pero más allá de las cifras, la Generalitat cree firmemente en las universidades públicas valencianas como motor de talento e investigación, de cultura y de formación. Por tanto confiamos que medidas como la creación de la comisión de expertos ayuden a revertir los recortes del pasado. Sin olvidar que es fundamental revertir también la infrafinanciación valenciana por parte del gobierno del Estado.

--En la mitad de la legislatura, con dos cursos a las espaldas y dos más por delante, algunas ya anunciadas por el ‘president’, Ximo Puig, en el Debate de Política General en Les Corts. ¿Cuál es el balance y las perspectivas?

-El balance es positivo. Las líneas de actuación educativa que he detallado lo demuestran. Eso sí, siempre hay que mejorar y, sobre todo, pretendemos dar soluciones más rápidas a los problemas de las infraestructuras escolares. Por eso acabamos de anunciar un nuevo plan dotado de 700 millones de euros que tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos, en colaboración con los ayuntamientos, para construir de forma más rápida colegios y dotar de aulas dignas a todas esas comunidades educativas que han sufrido durante tantos años la dejadez del pasado, también en Castellón.

--¿En qué se trabajará este año? A nivel de ordenamiento académico, docente, de centros…

-Estamos trabajando en una normativa tan importante como la LiVE, la Ley Integral Valenciana de Educación. Hace meses impulsamos un proceso participativo con la comunidad educativa y diferentes agentes implicados y ahora estamos en la fase de analizar todas sus propuestas para redactar un borrador de esta norma, que tiene por objetivo que el sistema se adapte al alumnado y no al revés. Y creemos que es imprescindible para promover una educación como instrumento de progreso social y elemento corrector de las desigualdades.