El abogado Ramiro Navarro confiesa que “desde el decreto del estado de alarma, el CGPJ dictaminó la suspensión de las actividades judiciales que no fueran urgentes (juicios rápidos o causas con presos, entre otros). Desde entonces, la actividad judicial se ha paralizado casi totalmente. Nuestra labor, de forma telemática, se centra en la actualización y preparación de los casos paralizados y aquellos que teníamos pendientes, para agilizar al máximo en previsión de la reactivación”. Asimismo, “estamos recibiendo numerosas consultas sobre las suspensiones de contratos por causa de fuerza mayor, las rescisiones de contratos y acuerdos; así como las relacionadas con los regímenes de visitas de los hijos de padres separados y muchos trámites de divorcio. La paralización de los procesos incrementará el colapso de un área, la judicial, que ya estaba saturada, por lo que esta situación debería de servir para que se abordara la modernización de la justicia desde un consenso que aglutine las necesidades de todos los operadores jurídicos”, advierte Navarro, quien añade que “en nuestro caso, además, hemos observado que se abrirá una nueva área de acción vital en la que ya estamos profundizando. Se trata de la confidencialidad, la protección de datos y derechos en el ámbito de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, y la regulación de las mismas”.
