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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

1-O: preparativos a todo correr

La aprobación de la ley pone en marcha, como un dominó, el resto de acciones cara al referéndum unilateral. Urnas, censo y colegios 'electorales' siguen siendo las grandes incógnitas

 

Pleno del Parlament del pasado 22 de marzo en el que se aprobó el proyecto de presupuestos. - DANNY CAMINAL

XABI BARRENA
06/09/2017

Difícil misión establecer no solo lo que va pasar, sino incluso lo que debiera de pasar. Es decir, no solo la reacción del Estado es imprevisible y, por tanto, imposible de adelantar, sino que el propio camino del referéndum unilateral, aun en el caso que no hubiera intervención del Gobierno de Mariano Rajoy, no está del todo claro. Aunque haya precedentes, por ejemplo en Eslovenia, donde el referéndum de autodeterminación se celebró apenas tres semanas después de haberse convocado, no se estila en estas latitudes estos plazos sincopados que marca el Govern, sin duda, por la amenaza constante de la actuación del Estado.

SINDICATURA ELECTORAL

El primer paso tras la aprobación de la ley de referéndum es el nombramiento de la sindicatura electoral central y las cuatro provinciales. Según el artículo 17 de la ley del referéndum, dicho organo se configura como “independiente e imparcial". Su misión es “garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral”. También será la que acreditará a los observadores internacionales que deberán de escrutar todo el proceso. La Sindicatura Electoral de Cataluña estará formada por cinco personas elegidas por mayoría absoluta por el Parlament a designación de los partidos. Las filiales provinciales contarán con tres miembros.                          

El órgano central deberá de validar el censo, las papeletas y toda la preparación en sí de la jornada, mientras que las provinciales realizarán el sorteo de los componentes de las mesas. El sistema será similar al que se emplea en las elecciones al uso. Es decir, si alguien no se presenta a ocupar la vocalía o la presidencia de la mesa electoral en cuestión, lo hará un suplente. Si tampoco se presentara, será el primer votante que entre en el colegio electoral el que se encargue de gestionar la mesa.

CENSO

La existencia de un censo es la gran diferencia con respecto al 9-N y es, también, una nueva fuente de nuevos problemas para el soberanismo. Por un lado, desde el minuto cero el independentismo se ha mostrado muy seguro de que iba disponer de ese censo, entre otras cosas porque los gobiernos regionales disponen de la información censal actualizada. Otra cosa es que se pueda usar con fin electoral. Dicho de otro modo, tal y como pidió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puede haber ciudadanos que, acogiéndose a la ley de protección de datos que impide que se ‘cruce’ información de bancos de datos , denuncien al Govern.

URNAS

Es la clave simbólica de todo. Hace unas semanas se lanzó la cifra de 8.500 mesas, y por tanto urnas, que se preparan en una jornada electoral al uso. La semana pasada, el ‘president’ Carles Puigdemont afirmó que su Ejecutivo ya disponía de más 6.000 receptáculos electorales y no dio señales de que se precisaran más. Ni se sabe dónde están, ni tampoco de dónde las han sacado. En cuanto al resto de material necesario para el voto, como la lista de votantes, cabe señalar que se están imprimiendo, al menos, en una imprenta de Constantí. Aunque n queda claro quién lo ha encargado y, por tanto, quién pagará la factura. Lo cierto es que, como certificó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la Generalitat aun no había gastado un euro en el referéndum.

COLEGIOS ELECTORALES

Es la otra gran diferencia con el 9-N. En aquella ocasión, especialmente en algunas poblaciones altamente pobladas y con poco apego al secesionismo, se habilitaron escasos locales de voto. Según el Govern, habrá el mismo número que en unos comicios al uso. Para ello, y si no hay ayuda de los ayuntamientos, como se prevé en no pocos municipios del área metropolitana, se echará mano de recintos propiedad de la Generalitat. El objetivo es que nadie deba desplazarse un largo trecho para votar.

CAMPAÑAS

Según prevé la ley del 1-O, el Govern debe de decidir la duración e inicio de la campaña para el referéndum. Señala el texto que las administraciones públicas ”deben de permanecer “ neutrales en la campaña y “abstenerse de usar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquier opción”. Los partidos con representación en el Parlament se llevarán el 70% de los espacios públicos para que defiendan la opción que quieran. El 30% restante corresponderá a entidades cívicas (la ANC, Òmnium o Societat Civil catalana, por ejemplo). Los medios públicos “deben garantizar “el pluralismo político” y la “neutralidad informativa”.

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