Un nuevo golpe contra la corrupción municipal se ha saldado este martes con la detención de 12 personas en 10 provincias presuntamente relacionadas con una trama de amaño de contratos y blanqueo de la que se habría beneficiado la consultora Efial. En la llamada operación Termyca, la Guardia Civil ha efectuado registros en una quincena de ayuntamientos (entre ellos los de Tortosa, Ascó, L'Ametlla de Mar y Vandellòs), además de despachos profesionales y domicilios, y ha requerido información a otra docena de consistorios. Entre los arrestados figuran dos exalcaldes de CDC, directivos de las consultoras Efial y CGI, funcionarios y empresarios.
En la operación se investigan delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones. Uno de los detenidos es el exalcaldede Anglès Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado durante la investigación del 'caso 3%' sobre supuesta financiación irregular de CDC y que dirigió la campaña del actual 'president' Carles Puigdemont en las elecciones municipales del 2011, que le llevaron a la alcaldía de Girona.
También han sido arrestado el exalcalde de L'Ametlla de MarAndreu Martí (CDC) y el presidente de Efial,Antonio Martos, así como responsables de la consultora CGI, que absorbió a Efial hace meses y que supuestamente ha extendido los métodos irregulares a otros ayuntamientos del resto de España. Hay otros siete empresarios detenidos (Jaume B., Blas A., Oriol M., Manuel D., Ramon S., Carles B. y Lucía M.), además de dos funcionarios municipales.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial creó un entramado para extender la actividad delictiva más allá de los consistorios catalanes, cuando la consultora pasó a llamarse CGI. Los detenidos se sirvieron de la asesoría de esta consultora para "evitar la labor supervisora del secretario e interventor municipales" y crearon una figura "instrumental y ficticia" de sociedades públicas locales carentes de actividad específica, "creando un entramado fraudulento por el cual se desviaban fondos públicos de ayuntamientos a la citada entidad pública, y de ésta a la sociedad mercantil privada".
Los registros también se llevan a cabo en 14 domicilios particulares, siete despachos profesionales, doce mercantiles -entre ellas, la sede de Efial en Barcelona- y siete entidades públicas empresariales locales (EPEL). Además, la Guardia Civil se ha personado en 16 ayuntamientos a requerir documentación sobre sus contratos con Efial y CGI, entre ellos los consistorios Barcelona, Girona, Cambrils (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Llinars del Vallès (Barcelona), Masquefa (Barcelona) y Calonge (Girona).
Después de Catalunya, Madrid ha sido la comunidad más afectada por este golpe anticorrupción. Los agentes han solicitado documentación a los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón, Velilla de San Antonio, Getafe y Colado Villalba. Además, también se han personado en los consistorios de Trillo (Guadalajara); Alaior y Sóller (Baleares), Armilla (Granada), Benicàssim (Castellón) y Palos de la Frontera (Huelva).
LA CONSULTA PREFERIDA DE CiU
Según los investigadores, Efial -una consultora especializada en administración pública- ofrecía a ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por CDC, servicios para mejorar su gestión y optimizar las cuentas y, aprovechaba supuestamente el menor control público a las EPEL para desviar fondos.
Este sistema saltó a algunos ayuntamiento s de otras provincias españolas cuando Efial fue absorbida por CIG, según las fuentes.
Paralelamente, según las fuentes consultadas por Efe, la Guardia Civil tiene previsto acudir en las próximas horas a la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) para solicitar información sobre investigaciones que tienen abiertas sobre la contratación municipal.
Antifraude mantiene abierta desde hace meses una investigación sobre los contratos de servicios encargados por el Ayuntamiento de Girona entre los años 2011 y 2015, durante la etapa en la que su alcalde era Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat.
Esta investigación se inició cuando Antifraude aún estaba dirigida por Daniel de Alfonso, que fue destituido la semana pasada por el Parlament después de desvelarse conversaciones suyas con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que buscaban datos incriminatorios contra los partidos soberanistas catalanes.
En el marco de esta investigación, Antifraude requirió en marzo pasado al consistorio gerundense todos los expedientes de contratación de servicios acordados por el ayuntamiento durante esos años, en los que Puigdemont ejerció como alcalde.
